Descripción de la imagen
23 familias de un pueblo de Salamanca, bajo amenaza de desahucio tras pagar durante años a una empresa fantasma
Los contratos de alquiler que firmaron durante años no son reconocidos por la nueva propietaria del edificio, Sareb
En Babilafuente, un pequeño municipio salmantino de apenas 900 habitantes, 23 familias viven desde junio en una incertidumbre que no cesa. Representan el 7 % de la población, pero su caso ha sacudido al pueblo entero: han descubierto que los contratos de alquiler que firmaron durante años no son reconocidos por la nueva propietaria del edificio, Sareb, y que la empresa a la que pagaban mensualmente tenía el CIF revocado desde 2019. Ahora, se enfrentan a órdenes de desalojo y a un laberinto administrativo que amenaza con dejarles sin vivienda.
Entre 2019 y 2025, los vecinos firmaron contratos de alquiler aparentemente convencionales: fianzas, mensualidades, cláusulas y recibos bancarios que acreditan los pagos.
La empresa que gestionaba los alquileres (designada en su día por la promotora) tenía el CIF suspendido desde 2019, según la nota simple que los residentes obtuvieron al investigar la situación. Aun así, esta empresa fantasma siguió firmando contratos y cobrando alquileres de entre 208 y 308 euros mensuales.
Mientras tanto, el edificio acumulaba problemas: humedades, cristales rotos, instalaciones deficientes y, según denuncian los vecinos, una conexión irregular a luz de obra, cuyo contador estaba cerrado con un candado que solo el supuesto casero podía abrir.
El 13 de junio de 2026, Sareb –participada por capital público a través del FROB– escrituró la promoción de viviendas de la calle de la Estación 5, 7 y 9. La entidad asegura que comunicó el cambio de propiedad y solicitó documentación a los residentes, pero solo uno de ellos recibió la notificación inicial.
Uno de los vecinos de Babilafuente afectados tras pagar a una empresa fantasma
Semanas después, el casero colgó un aviso en el portal indicando que, aunque Sareb era la nueva propietaria, los vecinos debían seguir pagándole a él. Fue entonces cuando muchas familias descubrieron que su hogar ya no pertenecía a quien creían.
Sareb sostiene que no reconoce los contratos previos y que algunos residentes no han colaborado en el proceso de verificación. Sin embargo, la entidad afirma estar analizando casos individualizados y que ya ha detectado situaciones de vulnerabilidad en las que se está ofreciendo alquiler social, dentro de un programa que beneficia a más de 10.000 hogares en España.
«Tratados como okupas»
A finales de agosto, los vecinos recibieron una comunicación formal: debían abandonar las viviendas en un plazo máximo de dos meses. Aunque no existe aún orden judicial, muchos hablan de «cartas de desahucio» y se sienten tratados como «okupas» en su propia casa.
La burocracia se ha convertido en un segundo frente: reunir documentación, demostrar su situación, gestionar trámites y convivir con el casero que, según denuncian, ha retirado o roto cartas de los buzones recién instalados.
La Asociación de Vecinos La Estación reclama una negociación colectiva con Sareb, La Factoría y Servihabitat, y exige que su abogado especialista en vivienda, Víctor Palomo, pueda participar en el proceso. Han anunciado también que presentarán una demanda penal por estafa.
En un comunicado oficial, Sareb lamenta la situación derivada de las irregularidades contractuales y hace un llamamiento a la colaboración de los vecinos para estudiar soluciones dentro de su mandato, que desde 2022 incluye criterios de sostenibilidad y utilidad social.
La entidad asegura que ya ha contactado con representantes legales de los residentes y que está analizando la documentación de una decena de familias para valorar su acceso al Programa de Alquiler Social con Acompañamiento.