Piden 112 años para un joven por una violación grupal a una discapacitada al grito de «¡Paya de mierda!»

La Fiscalía de Valladolid solicita un conjunto de penas que suman 112 años de prisión para C. H., un joven a quien acusa de haber participado durante la madrugada de 2023 en el parque Fuente de la Salud de la capital vallisoletana en la violación grupal de una mujer con una discapacidad.

El joven, quien el día de los hechos contaba con 19 años y que se encuentra actualmente en prisión provisional, será juzgado el próximo día 13 de octubre, a puerta cerrada, en la Audiencia de Valladolid, donde se enfrenta a cargos por siete delitos de violación con violencia e intimidación por actuación conjunta de varias personas y acompañada de actos que revisten un carácter particularmente degradante o vejatorio sobre persona en situación de especial vulnerabilidad por razón de su discapacidad, un delito de robo con intimidación y uso de medio peligroso y otro de elaboración de pornografía con persona con discapacidad.

Así, las acusaciones pública y particular coinciden al solicitar un total de 112 años de cárcel, con un límite máximo de cumplimiento que sería de 20 años. De este total solicitado, 14 años serían por cada uno de los siete delitos de violación, diez por el de elaboración de pornografía y cuatro más por el de robo, así como la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante 24 años, diez años de libertad vigilada y en el capítulo de responsabilidad civil interesan, por el mismo orden, indemnizaciones por importe de 35.600 y 145.000 euros por las lesiones, secuelas y el daño moral causado.

Según los escritos de calificación provisional de las acusaciones, a los que ha tenido acceso Europa Press, el acusado actuó de común acuerdo con, al menos, otros seis varones. En el relato de los hechos, se recoge que el procesado y otros dos hombres abordaron a la víctima, a la que preguntaron si ella «follaba» y si les «follaría». Tras manifestar la mujer que tenía que irse, el acusado le espetó: «¡Tú de aquí no te vas, chúpamela!» y le mostró un objeto punzante al tiempo que le decía: «!Dame la cartera, paya de mierda!».

La víctima, quien presenta un retraso mental leve/moderado y una discapacidad reconocida del 59 %, de ahí que Fiscalía sostenga que el consentimiento de la joven estaba viciado por su vulnerabilidad y falta de libre voluntad, entregó a continuación un cartera con 20 euros y el procesado la conminó a subirse para arriba o, si no, le clavaba «el pincho», tras lo cual el acusado telefoneó a más varones a los que invitó a sumarse a la supuesta agresión. «Venid, que follamos gratis», es la frase que la acusación pública pone en su boca.

Orinaron sobre ella

Tras la llegada de otros cuatro hombres que rodearon a la víctima, la mujer pidió que la dejaran irse, a lo que el acusado respondió amenazante: «¡Me cago en tus muertos, no te vayas!», para acto seguido el resto de participantes agredirla, insultarla y obligarla a realizarles felaciones y la penetraron vaginalmente, llegando a orinar y escupir sobre ella. Al finalizar, siempre según la versión de las acusaciones, el acusado la emplazó para el día siguiente al objeto de volver a mantener sexo. «Oye, quedamos mañana para que te follen 15 y tienes que poder con los 15», la habría conminado el joven.

Asimismo, el procesado grabó la agresión con su teléfono móvil, registrado en vídeos donde se escucha a los implicados lanzar frases como «vamos hija», «mirar esto señores, vamos», «chupa», «me cago en tu raza, chupa», «me cago en la casta que tienes» o «estamos gozando».

La Fiscalía sostiene que la víctima carece de plena capacidad para prestar consentimiento en el ámbito sexual, encontrándose este viciado por su especial vulnerabilidad.

Se da la circunstancia de que dos menores, supuestamente implicados en estos mismos hechos, ya ocuparon el banquillo del Juzgado de Menores el pasado mes de junio. El proceso judicial concluyó con sentencia absolutoria para uno de ellos y con la condena del otro como autor de seis delitos de violación, traducidos en una pena de tres años de internamiento en régimen cerrado. En su caso, la prueba de ADN ha sido determinante para su condena.