Pleno municipal del Ayuntamiento de SalamancaIsabel de la Calle

Vox Salamanca lleva al Pleno la votación contra la ley de nietos, «un fraude masivo» para las elecciones

Critica que el Gobierno asegure que sean más de 2 millones los interesados en adquirir la nacionalidad, cuando a América se exiliaron menos de 50.000

Ignacio Rivas, concejal y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Salamanca ha presentado la propuesta que llevará esta semana al Pleno municipal en el que solicita que el Consistorio rechace «la atribución masiva, indiscriminada e ilegal de nacionalidad española a cientos de miles de extranjeros fruto de la interpretación de la Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática –la conocida como ley de nietos– realizada por la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública».

Rivas ha pedido que se considere «imperativo que se deje sin efecto y declare la nulidad de dicha Instrucción, junto con la Instrucción de 5 de noviembre de 2024».

En su explicación sobre la moción, Rivas ha asegurado que «la aprobación de la sectaria Ley de Memoria Democrática tuvo como objetivo enfrentar a los españoles y convertir una visión parcial y sesgada de nuestra historia en ideología de Estado. La disposición adicional octava de la Ley contenía un régimen especial de acceso a la nacionalidad para los descendientes de los españoles exiliados durante la Guerra Civil y los años posteriores, concebido como una medida de reparación».

Ignacio Rivas, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de SalamancaIsabel de la Calle

Sin embargo, ha añadido Rivas, "los estudios históricos especializados cifran en menos de 200.000 los exiliados permanentes después de la Guerra Civil, de los que la gran mayoría se estableció en Europa y, particularmente, Francia.

No obstante, según el Gobierno, los interesados en adquirir la nacionalidad por esta vía extraordinaria superan los dos millones. Una amplísima mayoría de los solicitantes se ubican en América, continente al que se exiliaron menos de 50.000 personas", ha dicho

Además, ha solicitado que el Ayuntamiento exprese «su rechazo a que, por intereses particulares y electorales, el Gobierno de Pedro Sánchez esté pretendiendo socavar la independencia, imparcialidad y objetividad del Tribunal Supremo».

Además, ha añadido que se manifieste su «rechazo al procedimiento arbitrario y opaco de adscripción territorial a efectos electorales que se ha desarrollado en dicho proceso masivo, indiscriminado e ilegal de nacionalización».

En particular, recuerda que «la concentración artificial de nuevos electores en determinadas provincias, sin vinculación territorial real y sin verificación de los criterios de adscripción, puede producir una alteración del peso relativo del voto entre circunscripciones que vulnera directamente el principio de igualdad del sufragio».

Asimismo, considera que «la inscripción censal de los votantes debe ser acorde a derecho y guiarse por una vinculación clara, individualizada y verificable al territorio en el que son censados y condena que se esté desvirtuando la esencia del vínculo entre vecino y municipio al permitir la inscripción electoral de personas sin arraigo en el territorio».

Por otro lado, también pide que el Ayuntamiento reclame «la participación de las corporaciones municipales en el proceso de adscripción electoral de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, a efectos de permitir la verificación de la existencia de vínculos reales con Salamanca».

Asimismo, solicitará que se reclame «ser informado de la inscripción de todas las personas que queden adscritas al Censo Electoral de Residentes Ausentes correspondiente a Salamanca y exige la realización de una auditoría al efecto».

Por último, quiere que el Ayuntamiento solicite a la Junta Electoral competente «la revisión inmediata e íntegra de todas las inscripciones en el censo electoral de Salamanca derivadas de las concesiones de nacionalidad al amparo de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, a fin de que esta pueda realizar una auditoría sobre su corrección y debida justificación».