Castilla y León le pega un hachazo de cuatro millones a las subvenciones a los sindicatos y a la patronal

el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2027 contempla un fuerte recorte a las subvenciones tanto a los sindicatos como a la patronal. Un hachazo de unos cuatro millones de euros que responde al cumplimiento de lo acordado por PP y Vox en su acuerdo de Gobierno y que ahora se materializa en unas Cuentas que serán aprobadas en las Cortes sin sobresaltos gracias a la mayoría parlamentaria que suman ambas fuerzas.

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, de Vox, ha señalado este martes, durante la presentación de los Presupuestos que el próximo año estas organizaciones percibirán un total de ocho millones; es decir, cuatro menos de los 12 que estaban recibiendo: un 33 % menos.

Todo ello después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declarase «ilegales» los recortes efectuados en 2022 y 2024 a Comisiones Obreras (CC. OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), realizados por la Consejería de Industria, Empleo y Comercio, que entonces lideraba Vox. En este sentido, Pollán ha precisado que «todo lo que esté firmado y los acuerdos que haya que cumplir por ley, se seguirá cumpliendo con la ley en lo que le corresponda». Asimismo, ha recordado que esta reducción de las ayudas responde a la «voluntad» y al «acuerdo del Pacto de Gobierno».

Y es que el recorte fue una de las condiciones de los de Santiago Abascal en la Comunidad para armar un Ejecutivo de coalición con el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco. En concreto, el punto 16.14 recogía la «reducción de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública».

«Se procederá a la reducción al 50 % de todas aquellas subvenciones destinadas a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva, garantizando que los recursos públicos se asignen exclusivamente al servicio de las necesidades de los castellanos y leoneses. El ahorro resultante será íntegramente destinado al fortalecimiento y mejora de los servicios públicos de Castilla y León, con el objetivo de garantizar una atención ágil y de calidad», rezaba el acuerdo.

A la espera de las ONG

El próximo grupo de entidades que podrían ver mermados sus ingresos públicos podrían ser algunas ONG. A este respecto, el vicepresidente primero ha señalado que cumplirán con los acuerdos suscritos con las mismas –algunos de ellos vinculantes el año próximo– y, a partir de ahí, se irá «explorando el destino y a dónde van los fondos públicos que se usan para ayudar a determinados perfiles de gente con necesidades». «En función de ahí, valoraremos cuando haya que firmar nuevos acuerdos», ha indicado Pollán.

El dirigente de Vox ha explicado también lo concerniente a la «prioridad nacional» en el acceso a los servicios públicos, condición sine qua non para lograr el mencionado pacto para gobernar tanto Castilla y León como otras de las comunidades autónomas donde PP y Vox conforman gobiernos bicolores. Así, Pollán ha afirmado que esa prioridad se aplicará a partir de 2027, en las convocatorias de ayudas que salgan y en función de las circunstancias.

Y es que esta «prioridad nacional» no está en los Presupuestos «porque no tiene que estar», según el consejero, que detalló en una comparecencia junto a Fernández Mañueco y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que entrará en vigor en las convocatorias que se deriven de estas Cuentas. Mañueco ha apuntado a que la Junta mantiene el requisito de diez años de residencia para poder acceder a una vivienda pública o a ayudas sociales, como se estableció en el pacto de Gobierno.