Castilla y León le envía un requerimiento al Gobierno de Sánchez para que pague los 225 millones que le adeuda

La Junta de Castilla y León le reclama al Gobierno de Pedro Sánchez 225,4 millones de euros, más los intereses legales correspondientes, sobre el cálculo de la liquidación del Sistema de Financiación autonómica de 2024, por el impacto de las rebajas de impuestos y otras decisiones adoptadas entonces por el Ejecutivo.

Lo hace a través de un requerimiento previo, pero sin perjuicio de que pueda emprender más adelante otras acciones judiciales si no se alcanza un acuerdo satisfactorio.

Este jueves, el Consejo de Gobierno autorizó a la Consejería de Economía y Hacienda a formalizar ante el Ministerio de Hacienda un requerimiento previo, en cumplimiento del principio de «lealtad institucional» que garantiza que cualquier administración tiene que asumir el impacto o gasto correspondiente de sus decisiones normativas e iniciativas, según explicó en su comparecencia el portavoz de la Junta y titular de este departamento, Carlos Fernández Carriedo, tal y como informa Ical.

Asimismo, el titular de Economía y Hacienda aseguró que la Junta no cuestiona la «bondad» o el marco «competencial» de las medidas aprobadas por el Ejecutivo central para combatir el incremento de los precios, entre otros objetivos, pero sí demandan la «compensación» de estas cuantías que ha dejado de percibir la Comunidad.

De hecho, apuntó que el Gobierno con su cálculo sobre la liquidación de 2024 no atiende al «principio de lealtad institucional» ya que la Junta estima que dejó de recibir 225,4 millones a través del sistema de financiación, que recordó se liquida con dos años de retraso respecto de su finalización. Además, aclaró, que se practica una «reserva» previa del 2 % sobre las entregas a cuenta, que son un anticipo, por lo que el resultado final suele ser positivo para las comunidades.

La documentación que acompaña al requerimiento indica que los 225,4 millones reclamados, más los intereses legales correspondientes, se derivan del impacto de la rebaja del IVA en 2024, que supuso un total de 162,4 millones, de los que 99,49 millones corresponden a la menor recaudación. A ellos se unen 28,74 millones por la minoración de la transferencia del Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales; otros 19,03 millones del Fondo de suficiencia global y 15,14 del Fondo de Cooperación.

Una nueva reclamación

Por la rebaja del Impuesto especial de electricidad, que alcanzó los 63,01 millones, la Comunidad dejó de percibir 62,02 millones, y otros 0,99 millones por la rebaja de la transferencia del Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales.

Este requerimiento, que se enviará «en unos días», se suma al presentado hace un año por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco por importe de 315 millones sobre la liquidación practicada en el ejercicio de 2023. En ese caso, recordó Fernández Carriedo, la petición no fue atendida por el Gobierno central por lo que presentaron un recurso en el Tribunal Supremo que ha sido admitido a trámite. En ambos casos, aclaró, la actuación de la Junta ha impedido que prescriba la reclamación.

Finalmente, el portavoz de la Junta expresó la voluntad de alcanzar un acuerdo con el Gobierno, si bien a partir de las elecciones generales del 29 de noviembre entra en funciones, sin que se pueda estimar el tiempo en que continuará en esa situación.