El PP sospecha que el caso de corrupción del PSOE en el Ayuntamiento de Soria puede ser todavía más complejo

El candidato a la Alcaldía de Soria por el PP y senador, José Manuel Hernando, mostró su «enorme incertidumbre y preocupación» por la decisión del Juzgado de Soria de prorrogar el secreto de sumario en la causa judicial del caso Fuentona en la que su formación está personada y por lo que pueda revelarse sobre «la actuación del Ayuntamiento y del equipo de Gobierno», del PSOE.

«Estamos pensando que el asunto reviste más complejidad y, probablemente, más implicaciones de las que inicialmente pensamos», precisó tras mostrar su respeto por las decisiones judiciales.

La Sección de Instrucción, plaza 3, del Tribunal de Instancia de Soria acordó ayer prorrogar un mes más, a partir del 22 de octubre, el secreto de las actuaciones del caso Fuentona, relativo a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del Consistorio de la capital.

La decisión se suma a las anteriores ampliaciones del secreto. La precedente comenzó a aplicarse el 22 de septiembre, después de que el tribunal considerara que la complejidad de las diligencias había impedido completarlas dentro de los plazos establecidos. En aquella resolución, el órgano judicial señaló que persistían las razones que justificaron la reserva de las actuaciones para evitar que se comprometiera el resultado de la investigación, informa Ical.

El caso salió a la luz el 23 de junio, cuando la Guardia Civil registró el Ayuntamiento de Soria y dos domicilios particulares. La operación se saldó inicialmente con siete detenciones. Los arrestados quedaron posteriormente en libertad con cargos y con la obligación de comparecer ante el juez.

Entre los detenidos figuró la entonces concejal de Turismo, Comercio y Medio Ambiente, Yolanda Santos, quien posteriormente renunció a su acta y se dio de baja en el PSOE.

Seis delitos de corrupción

Las pesquisas se centraron en hechos que podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Durante la instrucción, el tribunal admitió la personación de Vox y del PP como acusaciones populares. La de Vox se aceptó en julio, mientras que la del PP se incorporó en agosto, coincidiendo con otra de las prórrogas del secreto de las actuaciones.