Castilla y León irá a los tribunales para exigir la eliminación del peaje de la AP-66 entre León y Asturias

La Junta de Castilla y León inicia el procedimiento para emprender acciones administrativas y judiciales contra el Real Decreto del año 2000 que modificó las condiciones de la concesión de la autopista León-Campomanes (AP-66) y alargó la concesión hasta el año 2050. De esta forma, se suma a los pasos dados por el Principado de Asturias una vez que los tribunales europeos han permitido esta posibilidad al entender que puede ser contrario a derecho.

Este jueves, el Consejo de Gobierno autorizó a la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial a ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes contra el Real Decreto, ya que están «en plazo» para actuar, según explicó este jueves el portavoz del Ejecutivo y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante su comparecencia ante los medios, informa Ical.

En ese sentido, explicó que Movilidad identificará los procedimientos «más razonables» como la presentación de un «posible» requerimiento ante el Gobierno de Pedro Sánchez para que modifique el Real Decreto y, si no lo hiciera, interpondrán un recurso ante el Tribunal Supremo. Esto, añadió, es lo que se ha hecho por parte del Ejecutivo asturiano presidido por el socialista Adrián Barbón, por lo que señaló actúan «en coherencia».

Asimismo, el consejero portavoz aseguró que les ha animado a iniciar esta vía el posicionamiento de los tribunales europeos sobre la concesión de la denominada autopista del Huerna. Además, remarcó que en esta cuestión, Asturias y Castilla y León, van «de la mano» y actúan de forma «coherente», así como en el mismo «sentido» y «dirección».

Fernández Carriedo indicó que el Ejecutivo liderado por Alfonso Fernández Mañueco considera que el Real Decreto del año 2000, aprobado en tiempos del expresidente José María Aznar, introdujo «cambios sustanciales» en el equilibrio económico-financiero y en la duración del contrato, dando lugar, en la práctica, a una nueva concesión «sin licitación pública», algo que remarcó es contrario a los principios de «transparencia, concurrencia e igualdad» establecidos en el derecho comunitario.

Finalmente, fuentes de la Junta subrayaron en un comunicado que su decisión busca lograr la supresión definitiva del peaje, cuya vigencia hasta 2050 supone una «barrera» para la movilidad, la competitividad empresarial y la cohesión territorial de la Comunidad.