Imagen de recurso de temporeros trabajando en el campo
Así operaba el clan rumano acusado de explotar a sus compatriotas en Valladolid: deudas, jornadas de 12 horas y sueldos bajos
La Fiscalía pide 45 años de cárcel para los cuatro miembros del clan asentado en Medina del Campo (Valladolid)
Les ofrecían trabajo en España y les pagaban el viaje desde Rumanía, pero una vez en Medina del Campo (Valladolid) comenzaban las deudas y las condiciones laborales abusivas. Los trabajadores debían devolver el dinero del desplazamiento, pagar por el alojamiento y afrontar jornadas de hasta 12 horas en el campo sin apenas recibir el salario que les correspondía.
Este era el funcionamiento, según la Fiscalía, de un presunto entramado familiar de origen rumano cuyos cuatro integrantes serán juzgados la próxima semana en la Audiencia Provincial de Valladolid, con una petición conjunta de 45 años de cárcel.
La organización habría operado entre finales de 2017 y el primer trimestre de 2020, captando en localidades desfavorecidas de Rumanía a personas con graves dificultades económicas y escasa formación. La investigación comenzó en noviembre de 2019, a raíz de una comparecencia ante la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) en Madrid, que permitió descubrir las presuntas prácticas de explotación laboral, según el escrito de calificación provisional del Ministerio Público avanzado por Europa Press.
Al frente del entramado se encontraba Vasile C.U., residente en España desde 2003 y encargado de organizar la llegada de los trabajadores. Una vez en Valladolid, eran alojados en inmuebles de su propiedad o alquilados, donde debían abonar entre 100 y 150 euros mensuales. Algunas de estas viviendas llegaron a albergar hasta 20 personas.
Labores de recogida de la uva
Los jornaleros trabajaban entre nueve y 12 horas diarias, sin descansos semanales ni vacaciones remuneradas y sin contrato ni alta en la Seguridad Social. Aunque tenían asignada una remuneración de 5,50 euros por hora, el Ministerio Público sostiene que el principal acusado retenía prácticamente todo el dinero mediante descuentos por manutención, combustible y supuestas deudas. Además, debían pagar tres euros diarios por el traslado en furgoneta hasta las explotaciones agrícolas.
Más de 80 trabajadores
La red habría llegado a coordinar a más de 80 trabajadores de forma simultánea durante las campañas agrícolas. Para gestionar los ingresos y evitar controles administrativos, los acusados habrían utilizado empresas pantalla y personas interpuestas, además de dar de alta fraudulentamente como autónomos a algunos trabajadores, que acababan acumulando deudas con la Seguridad Social.
La investigación permitió detectar al menos 136.324,70 euros presuntamente blanqueados y transferencias a Rumanía superiores a 28.000 euros. Durante los registros practicados en Medina del Campo en marzo de 2020, los agentes intervinieron 20.100 euros en efectivo y documentación relacionada con la actividad, además de incautar y bloquear vehículos de alta gama valorados en 160.376 euros.
La Fiscalía solicita 36 años de cárcel para el presunto cabecilla, siete para su esposa, Liliana G.U., y un año para cada uno de los otros dos acusados, Constantin U. y Gheorghe U., a quienes atribuye labores de vigilancia y control de las cuadrillas. También reclama indemnizaciones de 80.000 euros por daños morales para cada una de las víctimas identificadas, mientras que la causa contra un quinto implicado permanece sobreseída provisionalmente a la espera de su localización.