Ofensiva institucional en las Cortes de Castilla y León para mejorar la atención a los enfermos de la covid persistente

La covid persistente ha dejado de ocupar las primeras páginas de la actualidad sanitaria, pero para miles de personas continúa siendo una realidad diaria marcada por la fatiga extrema, las dificultades respiratorias, los problemas cognitivos y una larga lista de síntomas que limitan seriamente su calidad de vida. Con el objetivo de reforzar la respuesta pública ante esta enfermedad, el procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual, ha registrado en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley (PNL) que plantea un amplio paquete de medidas destinadas a mejorar la atención sanitaria, administrativa y social de los afectados, tras su reunión con la asociación Acopercyl.

La iniciativa parte de una constatación que comparten profesionales sanitarios, pacientes y asociaciones: más de seis años después del inicio de la pandemia, numerosas personas siguen sufriendo secuelas incapacitantes derivadas de la infección por la covid. Entre los síntomas más frecuentes figuran la fatiga extrema, la disnea, la denominada «niebla mental», alteraciones cardiovasculares, dolores musculares y articulares, trastornos del sueño o intolerancia al esfuerzo, un cuadro clínico complejo que dificulta tanto el diagnóstico como el seguimiento de los pacientes.

La propuesta registrada por Por Ávila llega en un momento en el que la covid persistente ha comenzado a ganar reconocimiento institucional. En la exposición de motivos se recuerda que en noviembre de 2024 la Comisión de Sanidad del Congreso aprobó una iniciativa para mejorar la atención a estos pacientes y que, posteriormente, en julio de 2025, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud reconoció oficialmente la covid persistente como enfermedad crónica, instando al desarrollo de rutas asistenciales específicas y protocolos multidisciplinares.

Precisamente, las asociaciones de afectados vienen reclamando desde hace tiempo que ese reconocimiento se traduzca en medidas concretas. En Castilla y León, los pacientes agrupados en Acopercyl han denunciado reiteradamente la falta de unidades especializadas, las dificultades para conseguir diagnósticos claros y los obstáculos a la hora de obtener el reconocimiento de incapacidades laborales.

Diez medidas concretas

La PNL plantea diez medidas concretas para reorganizar y reforzar la atención a los afectados por la covid persistente en la Comunidad. Entre ellas destaca la consolidación de una red autonómica de unidades multidisciplinares que coordine especialidades como Medicina Interna, Neumología, Neurología, Cardiología, Rehabilitación, Salud Mental y Medicina del Trabajo.

Asimismo, se propone mantener actualizado el protocolo autonómico de atención, implantar circuitos asistenciales homogéneos en todas las áreas de salud y reforzar el papel de Atención Primaria mediante programas de formación continuada para médicos, personal de enfermería y otros profesionales sanitarios implicados en la detección y seguimiento de la enfermedad.

Uno de los aspectos en los que insiste la iniciativa es en la necesidad de garantizar la equidad territorial. El texto advierte de que Castilla y León, por su extensión geográfica y dispersión poblacional, debe evitar que los pacientes se vean obligados a recorrer cientos de kilómetros para acceder a determinadas consultas o tratamientos especializados.

Para ello, se plantea facilitar consultas en las propias provincias, establecer derivaciones preferentes o promover sistemas de atención compartida entre centros. Según el documento, el objetivo no pasa necesariamente por crear nuevas estructuras, sino por coordinar mejor los recursos existentes para que la atención sea homogénea en todo el territorio.

La propuesta incorpora también medidas orientadas a conocer con mayor precisión el alcance de la enfermedad. Entre ellas figura la creación de un registro autonómico de pacientes con covid persistente, compatible con futuros registros estatales y respetuoso con la legislación de protección de datos.

Además, se apuesta por impulsar la investigación clínica mediante convenios con universidades, hospitales y centros de investigación de Castilla y León, así como por mejorar la coordinación entre el ámbito sanitario y laboral para facilitar la valoración de situaciones de incapacidad temporal o permanente cuando sea necesario.

Incomprensión social y administrativa

Más allá de las medidas sanitarias, la iniciativa pone el foco en una realidad que las asociaciones vienen denunciando desde hace años: la incomprensión social y administrativa que acompaña a menudo a quienes padecen covid persistente. El texto señala que muchos afectados afrontan dificultades laborales, problemas para el reconocimiento de sus limitaciones funcionales e incluso situaciones de inseguridad jurídica derivadas de la falta de criterios homogéneos.

La propuesta de Por Ávila incorpora por ello la participación de las asociaciones de pacientes en la evaluación de los protocolos asistenciales y plantea que la Junta presente anualmente ante las Cortes un informe de seguimiento con datos sobre pacientes atendidos, tiempos de derivación e indicadores asistenciales.

Con esta iniciativa, el debate sobre la covid persistente regresa al Parlamento autonómico en un momento en el que los afectados reclaman que el reconocimiento institucional alcanzado en los últimos años se transforme en una atención especializada y efectiva que responda a una enfermedad todavía invisible para buena parte de la sociedad.