Recreación del macrocentro de refugiados que el Gobierno de Sánchez ultima en Soria

Recreación del macrocentro de refugiados que el Gobierno de Sánchez ultima en SoriaEstoa Ingenieros

Los fondos europeos condicionan el frenazo al macrocentro de refugiados de Soria que solo quiere el PSOE

El PP quiere convertir el complejo en una residencia de estudiantes y Vox en pisos para jóvenes mientras Soria ¡Ya! insta a ambos partidos a que expliquen cómo quieren cambiar su uso sin quedarse sin los fondos Next Generation EU

El CAPI de Soria, el macrocentro para dos centenares de refugiados que el PSOE de Pedro Sánchez ultima en la pequeña ciudad castellana, es un proyecto que podría nacer muerto, pero de ello dependen dos factores: un cambio de gobierno que permita gobernar a la derecha a nivel nacional y que ese Ejecutivo surgido de las urnas pueda desarrollar un proyecto alternativo sin necesidad de perder los fondos europeos Next Generation EU asociados al complejo.

Las obras del Centro de Acogida de Protección Internacional, licitadas por algo más de 13 millones de euros, están muy avanzadas y la voluntad tanto del PP como de Vox es darle al inmueble un uso distinto al que fue concebido. Las instalaciones cuentan con un gimnasio con una sala de musculación de 160 metros cuadrados, un huerto, una pista de baloncesto semicubierta y casi 2.400 metros de zonas ajardinadas.

A Soria ¡Ya! tampoco parece hacerle demasiada gracia un complejo de estas características en el barrio de Los Royales, y en general en la capital soriana, y los únicos dirigentes con representación en la provincia que están por la labor de implantarlo son los socialistas, toda vez que la izquierda a la siniestra del PSOE apenas toca poder en tierras castellanas.

Vox, según explicó el vicepresidente primero de la Junta de Castilla y Léon, Carlos Pollán, quiere que el edificio albergue viviendas para jóvenes, mientras que el PP pretende que su uso sea el de residencia de estudiantes. «Si de verdad quisieran una inmigración ordenada, la mejor manera de ordenarla es que haya estos centros», apuntaba recientemente el candidato del PSOE de Soria al Congreso de los Diputados, Luis Rey, en unas declaraciones que se sumaban a las del líder socialista de Castilla y León, el exalcalde de Soria Carlos Martínez, quien indicaba que «los fondos europeos que permiten la construcción de ese centro de acogida y protección internacional vienen con un destino y un objetivo claro, que es atender las necesidades de los migrantes».

Otra imagen renderizada del CAPI de Soria, que alojará a dos centenares de refugiados

Otra imagen renderizada del CAPI de Soria, que alojará a dos centenares de refugiadosCódigo arquitectura

Y este es el quid de la cuestión, como apuntalan desde Soria ¡Ya!. En un comunicado, este jueves, los sorianistas exigían a PP y Vox que explicasen qué trámites, autorizaciones y costes de una eventual pérdida de los fondos supondría darle otro uso al CAPI. Como recuerdan desde Soria ¡Ya!, el contrato se enmarca en la inversión 5 del componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation EU, cuyo objetivo es «incrementar la capacidad y eficiencia del sistema de acogida de solicitantes de asilo».

Soria ¡Ya! propone una residencia para mayores

El eurodiputado del PP Raúl de la Hoz había defendido que el cambio de uso no tendría por qué implicar la devolución de los fondos, pero Soria ¡Ya! le afea que «estamos en campaña electoral, pero no vale todo». «No vale engañar a la ciudadanía ofreciendo un cambio de destino y escondiendo sus condiciones y su factura», afirmaban en el escrito, en el que apuntan a vivienda asequible para jóvenes y una residencia pública de mayores como necesidades más urgentes para Soria que el centro de acogida.

Desde Soria ¡Ya! han pedido tanto al Gobierno de Sánchez como al PSOE que expliquen cómo funcionará el CAPI, cómo se coordinará con los recursos de acogida existentes y qué necesidades justifican su tamaño. La formación precisó que tampoco cabe dar por hecho que un cambio de uso obligaría a devolver 13 millones de euros sin conocer qué importe se financió con fondos europeos y qué compromisos resultarían afectados. Por último, defienden que los solicitantes de protección internacional reciban una atención digna, y rechazó que se les utilice en la confrontación electoral.

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