Ada Colau y Yolanda Díaz pasean por el Paseo de Gràcia con motivo de la celebración de Sant Jordi
Inseguridad jurídica
Colau usó a civiles para regular el tráfico por Sant Jordi
La oposición pide explicaciones y el sindicato CSIF considera que se trata de una «ilegalidad» que provoca «inseguridad jurídica»
Civiles reordenaron el tráfico durante la jornada de Sant Jordi en las calles adyacentes a la 'isla' o la 'supermanzana' que se había preparado en el centro de Barcelona, alrededor de Paseo de Gracia, Diagonal y Gran Vía, donde se instalaron las carpas para las ventas de libros.
Llevaban chalecos amarillos y silbatos. Y lo cierto, es que hubo problemas de tráfico importantes. La lluvia tampoco ayudó. Estos civiles pertenecen a una empresa contratada por el consistorio para gestionar el tráfico rodado y el peatonal.
Sin formación
Desde el ayuntamiento dicen que se tratan de «auxiliares» de la Guardia Urbana, y que no es la primera vez que se utilizan. Esta figura efectivamente está prevista en la Carta Municipal de Barcelona y también en la Ley de cuerpos y fuerzas del Estado. Es, por lo tanto, legal. Pero sindicatos policiales y también la oposición consideran que no están lo suficientemente formados como para sustituir en estas funciones a la Guardia Urbana.
Des del sindicato de funcionarios CSIF, su responsable en la Guardia Urbana, Eugenio Zambrano, considera que se trata de una «grave irregularidad». Recuerda que «la ordenación y regulación del tráfico rodado y de los viandantes es competencia exclusiva de los funcionarios de policía», y por este motivo cree que esta función «no puede recaer en manos de civiles que no tienen el carácter de autoridad y que mucho menos tienen la preparación».
Pero, además, Zambrano apunta otro problema: «crea inseguridad jurídica». Y ponía un ejemplo claro: «imagínese que pasa algo, que hay una colisión, un atropello, o que por esta regulación se pueden colapsar otras vías por retenciones originadas por estas personas». La responsabilidad, añade, será para el ayuntamiento. Y una vez más, según Zambrano, «se juega con dinero de todos los ciudadanos, porque si hay tema judicial de por medio lo pagará el erario público».
Más agentes
Por todo ello, Eugenio Zambrano considera «inadmisible» la forma en que no sólo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sino también el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle «gestionan la seguridad de la ciudad en toda su amplitud, la seguridad ciudadana y el tráfico en particular». Y pide la incorporación de más agentes a la plantilla.
También recuerda que el consistorio, en algún caso, y en perímetros cerrados, puede poner controladores de acceso a esa zona restringida. «Eso es una cosa y esto es otra, una usurpación de funciones públicas», decía el portavoz del CSIF en la Guardia Urbana, que también añadía que no se trata de servidores públicos, sino que se contrata a una empresa, «a unos trabajadores que ejercen de controladores de acceso a un perímetro, pero salen de él para controlar el tráfico». «Es una ilegalidad. ¿Pero cuántas nos está haciendo Ada Colau? Muchas. Y algunas están en los juzgados. Tal vez, si esto persiste, nos obligará a tener que judicializar esta cuestión», precisaba Zambrano. Desde el CSIF han pedido explicaciones al ayuntamiento, que, de momento, no les han llegado.
Explicaciones que también pide la oposición. La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Mari Luz Guilarte, dice que «contratar personas no preparadas para controlar el tráfico en Barcelona, es otra imprudencia del desgobierno de Colau y PSC que demuestra su nefasta gestión y la falta de agentes de la Guardia Urbana. Más medios para la policía y menos irresponsabilidad».
Ciudadanos ha presentado una batería de preguntas al respecto y también lo ha hecho Junts per Catalunya. Entre otras cuestiones, quieren saber quién diseñó el dispositivo de tráfico para Sant Jordi; de quién es la responsabilidad patrimonial en caso de accidente o de cualquier otra incidencia; o cuántos auxiliares se contrataron y el coste del contrato.
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