La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, junto al lazo amarillo del escaño del exconseller y diputado de Junts, Lluís Puig
Laura Borràs desobedece al Constitucional al permitir el voto del fugado Lluís Puig
El Tribunal había anulado la delegación de voto en marzo del año pasado
Se abre la vía a una nueva posible causa por desobediencia. El pleno del Parlament ha votado este miércoles la convalidación de un decreto del Govern, en el que la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, ha contabilizado el voto del exconseller y diputado de Junts Lluís Puig, que reside en Bélgica tras huir con Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, pese a que no se ha registrado electrónicamente.
La portavoz de Junts en la Cámara catalana, Mónica Sales, ha ejercido el voto delegado de Puig, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) anuló la delegación de voto acordada por la Mesa de la Cámara catalana en marzo del año pasado.
Antes de la votación, Borràs ha explicado que el voto de Puig «será sumado al cómputo de votación en base al sentido del voto que indique la portavoz de su grupo parlamentario, a quien tiene delegada su votación», aunque en la pantalla el voto de Puig no ha aparecido.
De esta manera, en la pantalla en la que aparecen los votos se han visto 133 votos a favor de la convalidación del decreto y Borràs ha afirmado que se ha validado con 134, incluyendo el de Puig. Desoír al TC podría suponer un delito de desobediencia y de usurpación de funciones, con posibles penas de entre uno a tres años de cárcel. Estas penas, además, se incrementarrían si el voto queda reflejado en el Boletín Oficial y los diarios de sesiones. Ahora está por ver si este voto constará oficialmente en el acta del pleno.
Peticiones de reconsideración
El debate del decreto ha comenzado tras retomarse la sesión plenaria, que ha estado paralizada durante más de una hora por la presentación cuatro peticiones de reconsideración –de PSC-Units, Vox, Cs y PP– a la Mesa del Parlament sobre la delegación de voto de Puig, que han sido rechazadas por la mayoría independentista del órgano rector de la Cámara.
En concreto, la Cámara catalana ha convalidado el decreto de integración de centros educativos a la red de titularidad de la Generalitat.
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