La actriz Natalia Sánchez y la consejera Natalia Garriga en el acto de presentación de la campaña
Cataluña
La Generalitat lanza una campaña de dos años para fulminar el español de la vida pública en Cataluña
El Govern ha preparado esta campaña de promoción del catalán con la que, entre otras cosas, se multiplicarán los cursos para sanitarios y profesores
«Uno de los objetivos señalados en rojo, prioritario del Govern en su conjunto es la defensa, uso, impulso y promoción de nuestra lengua, cada día, en todas partes y en todos los departamentos». Con esta frase, la portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja, ha resumido las intenciones del ejecutivo que presidente Pere Aragonès, y que no es otro que intensificar las medidas que promuevan aún más el uso del catalán para arrinconar al castellano de la esfera pública.
Y para hacerlo, según Plaja, se cuenta con tres «patas». Una de ellas es el plan de choque con cien medidas que aprobó el Govern en noviembre. De ellas, 51 ya están en una fase de ejecución avanzada. «Son la base, las primeras acciones sistematizadas de todos los Departamentos para avanzar en el impulso y protección del catalán», dice Plaja.
Sesiones de sensibilización para sanitarios de fuera de Cataluña
¿De qué medidas se tratan? Desde luego no se pierde ni un minuto en dar respuesta a la polémica generada a raíz de la crítica de una enfermera andaluza porque tenía que sacarse el C1 de catalán. De hecho, desde la consejería de Salud «se multiplica por 10» y se aumentan de 309 a 300 las sesiones de sensibilización para residentes sanitarios que vengan de fuera de Cataluña. También se va a encargar a la Secretaría de Política Lingüística la «reformulación» de cursos de formación para personal sanitario, pero que obtengan la titulación oficial. Según Plaja, «este cambio tiene que permitir incentivar a los profesionales sanitarios a cursar los niveles iniciales de catalán». Aquellos sanitarios que los cursen recibirán una titulación oficial.
También se pasará de 400 a 4.500 plazas para cursar la formación del C2 de catalán; o el incremento de 4.000 a 14.000 inscritos en cursos y exámenes de C2. Y es que hay que tener en cuenta que a partir de 2024 este nivel será obligatorio para los profesores que quieran ejercer en Cataluña. Estamos hablando del nivel de un filólogo, aunque se vayan a impartir clases de matemáticas, de historia o de física.
También en el ámbito de las escuelas, se va a facilitar a los centros educativos «el programa de aceleración de los usos del catalán». Se prevé que a final de curso ya haya unos 800 centros que hayan pasado por el programa, cuando el año pasado fueron 200 escuelas o institutos. También por primera vez se hará la evaluación del catalán oral en las pruebas de competencias básicas del alumnado. El español, en cambio, queda relegado al mismo nivel del inglés. En ambos casos, sólo en unos centros seleccionados de primaria y de secundaria se harán estas pruebas orales.
Y en el ámbito audiovisual, «se van a destinar más recursos de los que se han dedicado hasta ahora», remarcaba la portavoz Patricia Plaja. Dinero que irá a parar al sector del cine y de las plataformas. De hecho, se ha doblado la línea de ayudas al doblaje y a la subtitulación al catalán, en comparación al año pasado. Ahora la cifra es de 4 millones de euros. El Departamento de Cultura también dedicó el año pasado 21 millones a la producción y promoción de películas y series exclusivamente en catalán.
La segunda de las «patas» con las que cuenta el Govern para promocionar e impulsar el uso del catalán es el Pacto Nacional por la Lengua, que se debería firmar durante el primer semestre del año. Para Patricia Plaja servirá «para revalidar el gran consenso de este país a favor del catalán» y también para «ser la base de acción» de la política lingüística de los próximos años “con la voluntad de que el catalán ocupe el lugar que le corresponde.
Campaña de sensibilización sobre la situación real del catalán
El tercer ámbito de actuación es el de «sensibilizar» a la ciudadanía sobre la situación real del catalán y «la importancia de utilizarlo siempre, en todas partes, rompiendo prejuicios». Un ámbito que se va impulsar, en parte, con una campaña institucional que va a durar dos años. Una campaña que no es nueva. Y es que se recupera y actualiza la figura de la «Queta», una boca que salta, y que es la protagonista de este campaña: «Provem-ho en català. Molt per parlar, molt per viure» (probémoslo en catalán. Mucho por hablar, mucho por vivir”.
La consejera de Cultura, Natalia Garriga, ha dicho que la finalidad de la campaña es interpelar a la sociedad para iniciar conversaciones en catalán y no cambiar al castellano en el día a día: «La primera era una 'Queta' seguramente con un solo acento o con menos acentos; ahora tenemos una sociedad con muchos acentos y lo que queremos es que se sienta representada«. También la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha instado a que se hable en catalán en las diferentes situaciones del día a día, ha pedido que »todo el mundo se implique" en este objetivo. De hecho, se ha hecho mucho hincapié a lo largo del acto en la necesidad de que “no se pase al castellano» aunque la otra persona no hable catalán.
La campaña también cuenta con una web con recursos lingüísticos, que se puede consultar desde este martes y a, a partir de octubre se promocionará en las escuelas catalanas. Está previsto también que ‘Queta’ tenga más variantes, como la del ámbito sanitario, la que juega a videojuegos o la estudiante.
Se han multiplicado por 4 las sanciones por motivos lingüísticos
Y en un día en que el Govern ha dejado claro sus intenciones con el catalán, también hemos conocido que el año pasado, la Agencia Catalana de Consumo recibió un 120% más de denuncias por aspectos relacionados con los derechos lingüísticos. Concretamente fueron 456 denuncias frente a las que se notificaron en 2021. Para el secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, Albert Castellanos, estas cifras reflejan una «creciente concienciación» de los consumidores en esta cuestión. Y del mismo modo que han aumentado las denuncias, también lo han hecho las inspecciones y las sanciones, que se han multiplicado por cuatro. Se han pasado de 16 en 2021 a 68 el año pasado.
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