Centro social okupado La Ruïna, en el barrio de la Bonanova, en Barcelona
Cataluña
La juez da la razón a la Sareb y ordena a los okupas que desalojen la Ruïna
La sentencia puede recurrirse, y por lo tanto, el desalojo no será inmediato
El juzgado de primera instancia número 39 de Barcelona ha dado al razón a la Sareb y ha estimado la demanda que la sociedad presentó por la ocupación ilegal del edificio conocido como la Ruïna, en el barrio de la Bonanova de Barcelona. La juez ordena a los okupas abandonar la finca con el aviso de que, si no lo hacen, podrán ser desalojados. La sentencia no es firme, se puede recurrir, por lo que el desalojo no se hará de forma inmediata.
El abogado de los okupas alegó durante el juicio, que se celebró la semana pasada, que la propiedad, en virtud de Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, les tenía que ofrecer un alquiler social antes de desahuciarlos. Pero la juez ha rechazado este argumento porque no han podido acreditar que cumplan con los requisitos necesarios.
Los okupas también argumentaron «falta de legitimación» de la Sareb para pedir el desalojo, porque la entidad no es propietaria de toda la finca (posee un 60,03 % del inmueble) y el resto pertenece a otras dos empresas que no han reclamado el desalojo. Pero según la juez, no es requisito ser el único propietario de la finca para instar un procedimiento judicial.
La juez también ha tenido en cuenta la declaración de un inspector de los Mossos de Esquadra del distrito de Sarrià – Sant Gervasi, que declaró como testigo, y que aseguró que el inmueble no podría venderse al estar okupado, lo que para la juez «resulta claramente la perturbación de la posesión de la finca». El agente también explicó que la okupación es de tipo «antisistema, reivindicativa», y que las personas que están en la casa no eran familias vulnerables.
El procedimiento judicial sobre la Ruïna se está tramitando diferente al que pesa sobre el edificio contiguo y que también está ocupado, el Kubo. En este último caso se fijó el desalojo para finales de marzo, pero el lanzamiento quedó suspendido ante la falta de «garantías de seguridad y eficacia». Los Mossos quieren que ambas fincas sean desalojadas a la vez, el mismo día.
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