Incendio provocado por el robo de cable de cobre en Montcada Bifurcació

Incendio provocado por el robo de cable de cobre en Montcada BifurcacióAdif

Cataluña

Los Mossos aumentarán la vigilancia para prevenir el robo de cable y drones controlarán las vías de tren por la noche

También avisan que habrá «tolerancia 0» contra los gestores de residuos que colaboran con las organizaciones criminales

Desde mayo del año pasado hasta el mes de abril se han registrado 5.885 incidencias vinculadas al robo de cable frente a las 7.172 denunciadas ene año anterior entre hurtos, robos con fuerza, daños y actos vandálicos. Y de todos ellos, prácticamente la mitad se concentran en las regiones policiales del Campo de Tarragona, la Metropolitana Norte y la Sur. De ahí que ahora se haya decidido elevar al nivel 2 sobre 3 el Plan Operativo Especial Metal en todas estas zonas, para prevenir en la medida de lo posible, y, por lo tanto, reducir el robo de cable de cobre en Cataluña. Esto implicará un aumento de los controles y más presión sobre las organizaciones especializadas en este tipo de robos.

En concreto, en la red ferroviaria, la sustracción de este material ha crecido un 31%. Entre mayo de 2023 y hasta abril de este año se han denunciado 263 hechos respecto a los 199 del periodo anterior. Y esto comportó también un aumento de las detenciones, un 19% más. Por cierto, tres de cada cuatro detenidos tienen antecedentes policiales. Y con estos datos en la mano, el comisario de la jefatura de los Mossos de Esquadra, Rafel Comas, asegura que Adif no es «culpable» de estos robos, uno una «víctima».

Según la policía autonómica, los autores no acostumbran a actuar solos, sino que forman parte de organizaciones que van cambiando de participantes por cada actuación, lo que dificulta la investigación de la policía, la imputación de grupo criminal y facilita, a su vez, penas bajas en caso de ser detenidos. Los ladrones roban el cobre para venderlo y, en algunas ocasiones, también actúan en connivencia con chatarrerías, que les compran el material robado.

Precisamente por este motivo, los Mossos aumentarán las inspecciones a gestores de residuos, porque se ha detectado que hay un 10% que no colaboran con la policía o que directamente entorpecen las inspecciones. Esto les puede suponer unas sanciones de 600 euros. También pedirán a la Fiscalía que reclame órdenes de alejamiento para los sospechosos respecto a los puntos de la red ferroviaria donde hayan sido detenidos, mejorarán la coordinación con operadores ferroviarios y harán más controles en los accesos a polígonos industriales.

Red ferroviaria

Y sobre la red ferroviaria, los ladrones, aseguran los Mossos, utilizan un «modus operandi poco sofisticado»: lo descuelgan de la catenaria con una pértiga de madera y, ya en el suelo, cortan el cable con una radial para llevarse un trozo, un método con el que logran algo menos de riesgo de electrocutarse, aunque el peligro persiste. Los cables de señalización, en cambio, suelen estar en el suelo o enterrados, y después de sacarlos pelan el envoltorio de plástico que podría identificar el cable, con lo que una vez vendido es difícil saber de dónde viene el cable.

La policía autonómica busca mejorar la coordinación con los operadores ferroviarios a la hora de comunicar los incidentes en tiempo real y derivados de las caídas de tensión de las líneas eléctricas, activar la Unidad Central de Incendios Estructurales de la Policía Científica especializada en este tipo de actividad ilícita que esté relacionada con incendios, reforzar el control visual de las vías para detectar si hay personas no autorizadas, incrementar los controles de tráfico, en diferentes franjas horarias y diferentes vías de comunicación vial e implementar la vigilancia aérea con la activación de helicópteros y el dron de ala fija.

Comes ha advertido de que se trata de «un problema que ha venido para quedarse, es una materia prima crítica de la que hay una gran demanda y el precio se está incrementando» hasta situarse en uno de los valores máximos registrados en los últimos años, a 9,5 euros el kilo. Augura que será «un problema de difícil solución a corto plazo, porque hará falta un abordaje integral, un diagnóstico que va más allá de la estrictamente policial», y cree que harán falta reformas legales.

Comentarios
tracking