El gobierno socialista de Mataró sigue el ejemplo de Albiol en Badalona y crea una oficina anti-okupas

Entre enero y mayo el número de actuaciones de la Policía Local de Mataró en ocupaciones ilegales de vivienda se ha reducido un 34 %. En concreto, se ha pasado de 138 a 91 intervenciones. Y también han bajado las demandas ciudadanas por conflictos relacionados con pisos okupados. Lo han hecho un 20 %. Desde hace meses, el Ayuntamiento de Mataró, gobernado por el socialista David Bote, ha puesto la lucha contra la ocupación ilegal como una de sus prioridades, y parece que está dando resultados. Y para mantener la presión, pondrá en marcha, este mismo mes, la Oficina de Atención e Intervención en Ocupaciones.

La oficina en cuestión unifica y coordina diferentes servicios para hacer más eficiente la lucha contra la ocupación conflictiva de viviendas. Pero, además, contempla un servicio de asesoramiento a los vecinos, de la mano del Colegio de Abogados de Mataró. Será itinerante y pasará por diferentes equipamientos públicos del centro de la ciudad, así como de los barrios de Cerdanyola y Rocafonda. Hay que tener en cuenta que esta es una de las medidas que el PSC acordó con el Partido Popular dentro del pacto de estabilidad que firmaron ambas formaciones.

Desde el PP, su portavoz, Cristian Escribano, recuerda que la ocupación ilegal es un «grave problema» para los vecinos, pero las administraciones los deja «desamparados». De ahí que deje claro que este nuevo servicio será «proactiva y no reactivo» ante estos casos. Y, a su vez, la concejal Núria Moreno asegura que diferentes departamentos, como Salud Pública, la Policía Local, Vivienda o Bienestar Social, trabajarán de forma conjunta para atacar las ocupaciones de forma «quirúrgica» y poniendo en foco en la «convivencia comunitaria».

Hay que tener en cuenta que la capital de Maresme es uno de los paraísos para los que se dedican a ocupar ilegalmente viviendas. Es una de las ciudades de Cataluña que presenta un mayor número de okupaciones. Según la policía, Mataró cuenta, aproximadamente, con 760 viviendas ocupadas por cada cien mil habitantes, un 69 % que la media de Cataluña. De ahí que se haya impulsado medidas para luchar contra este fenómeno, como es la creación de la oficina anti-okupación, pero también se ha creado una unidad exclusiva de la policía local contra los allanamientos.

El ejemplo de Badalona

Mataró, de este modo, sigue la estela de Badalona. Su alcalde, el popular Xavier Garcia Albiol ha creado una concejalía contra la ocupación ilegal. Pero es que, además, la Guardia Urbana cuenta con un protocolo de actuación ante estos casos. De esta forma, dicen desde el consistorio, se dota de seguridad jurídica a los agentes, al tiempo de que los guía ante diferentes supuestos con los que se puedan encontrar.

Así, por ejemplo, además de informar sobre el marco jurídico, este protocolo establece cómo tiene que ser la actuación en función de la tipología del inmueble (si es el domicilio de la víctima o no) y también en qué supuesto se puede proceder al desalojo y detención de los okupas. También precisa cómo tiene que ser la actuación si hay violencia o intimidación o si, entre los ocupantes de la vivienda, hay personas vulnerables o menores.

Y otra cuestión que ha impulsado el Ayuntamiento de Badalona es un acuerdo con el Colegio de Administradores de Fincas para que tengan «hilo directo» con el consistorio a la hora de alertar de nuevas ocupaciones. El objetivo es detectar estas situaciones lo antes posible para actuar «desde el primer momento», según ha asegurado el alcalde, Xavier Garcia Albiol.