Plataforma per la Llengua pide que se sancione a un juez de Tortosa por pedir un informe en español

La llamada ONG del catalán, Plataforma per la Llengua, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que investigue a un juez de Tortosa (Tarragona) por pedir a un perito que redactara un informe en castellano, y que le abra un expediente sancionador porque consideran que cometió una falta grave. Esta entidad también exige que se revoque la exigencia «ilegal» de hacer ese redactado en español porque se está vulnerando «la cooficialidad del catalán y el derecho del profesional a utilizarlo en el ámbito judicial».

Según Plataforma, el pasado 16 de enero el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Tortosa emitió una resolución por la que pedía (en castellano, precisa la entidad), a un experto que hiciera un informe «de forma motivada, clara e inteligible y ajustándose a las normas básicas de la ortografía y la gramática castellana». A raíz de este escrito, una de las partes contactó con Plataforma, que es la que ha presentado la reclamación al CGPJ.

Esta entidad defiende que la Constitución establece que el catalán tiene el «mismo rango jurídico que el castellano» y defiende que cualquier exigencia para obligar, en este caso a un perito, a utilizar el español vulnera sus derechos y la normativa vigente, entre ellos la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por este motivo, Plataforma considera que este magistrado ha cometido una falta grave, porque ha cometido un «exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respeto a los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial». Es lo que contempla el artículo 418 de la LOPJ.

El catalán como requisito

Más allá de esta cuestión, Plataforma per la Llengua aprovecha para pedir que modifique esta ley para asegurar que «el catalán se puede utilizar con normalidad» en el ámbito de la justicia. Eso implica que se incorpore el requisito lingüístico para poder ejercer en Cataluña. Y para la entidad, debería hacerse de forma «urgente».

Para empezar, considera que se tendría que incorporar este requisito para los trabajadores que se incorporen a la Administración de justicia, pero cree que se debería tener en cuenta en el régimen de selección del personal funcionario, en la designación de magistrados suplentes, a la hora de otorgar comisiones de servicio a los jueces y magistrados, en la provisión de vacantes de los magistrados o en las oposiciones para cubrir vacantes de la administración de justicia.