Cataluña podrá expulsar inmigrantes y los Mossos compartirán el control de la frontera con Policía Nacional y Guardia Civil

Cataluña gestionará las expulsiones de extranjeros y gestionará «integralmente» los CIE, los Centros de Internamiento de Extranjeros. Son algunos de los puntos que recoge la de ley que han registrado esta mañana Junts y el PSOE tras el acuerdo alcanzado en las últimas horas. Además, los Mossos gestionarán la seguridad de puertos, aeropuertos y las zonas críticas «en cooperación» con la Policía Nacional y la Guardia Civil. También estarán presentes «en la frontera» en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Junts defiende la cesión de competencias, que se hace de acuerdo al artículo 150.2 de la Constitución, porque Cataluña ha sido un territorio que siempre ha acogido a mucha población procedente de otros países y «ha tenido la capacidad de integrarla en nuestro modelo democrático de sociedad y en la catalanidad». Hay que tener en cuenta que un 18% de la población de Cataluña tiene nacionalidad extranjera y un 24% ha nacido «fuera de Cataluña».

Y para poder llevar a cabo esta cesión, aún se ampliará más la plantilla de los Mossos. De los 25.000 agentes que se habían aprobado hace solo unos días, hay que añadir 1.800 más, hasta llegar a los 26.800. Y también será la policía autonómica al que ejercerá la competencia para la «prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de tráfico y explotación de seres humanos».

NIE y contrataciones en origen

Según Junts, Cataluña se configura, de esta forma, en una especie de «ventanilla única» en su territorio de las autorizaciones de larga duración, residencia temporal; y también expedirá el NIE, que es el documento de identidad para extranjeros, a partir del Registro del NIE.

En el acuerdo también se contempla que Cataluña tenga la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos, incluida la resolución y ejecución. O bien instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente, es decir las devoluciones; o las expulsiones que sí necesiten ese expediente, y que se ejecutarán a partir «de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña».

Y también será la Generalitat la encargada de las contrataciones en origen, la que determinará «los perfiles y el contingente de trabajadores y trabajadoras extranjeras». En el ámbito lingüístico se recoge que se «aplicarán las previsiones de la legislación vigentes en el ejercicio de las competencias delegadas».

Y con todo lo conseguido, desde Junts sacan pecho, porque Cataluña podrá desarrollar «un modelo propio, una política integral», teniendo en cuenta que en «todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del Estado español».

El texto pactado debe pasar ahora el trámite correspondiente en el Congreso. Al tratarse de una ley orgánica necesitará mayoría absoluta para su aprobación, por lo que será necesario que todos los socios de la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, voten a favor.