Elda Mata: «La justicia de la UE está acelerando con Cataluña para dar un toque de atención a otras regiones»

Elda Mata deja la presidencia de Sociedad Civil Catalana después de tres años al frente de la entidad. Cree que ha cumplido con sus objetivos, y que la SCC sigue defendiendo los derechos de los ciudadanos. Por este motivo, está personada en causas relacionadas con el desvío de fondos públicos para celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre; para frenar la aplicación de la ley de amnistía; y recientemente ha denunciado a los responsables de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, por las «graves irregularidades» detectadas en la Sindicatura de Cuentas.

— ¿Qué balance hace de estos tres años?

— Yo entré con un planteamiento claro, de contribuir a la mejora de la sociedad, también de la mejora interna y, por supuesto, de fortalecer una marca tan importante como Sociedad Civil Catalana, como referente del constitucionalismo en los momentos en que parece que todo zozobra, y que es tan difícil seguir adelante porque ya no hay nada que defender.

Al contrario, es entonces cuando tenemos que sacar pecho y poner en valor lo que hemos defendido en Sociedad Civil desde nuestra fundación: los valores, los principios que emanan de nuestra Constitución, el respeto, la convivencia, el ciudadano por encima de todo. Eso es a lo que me he dedicado y yo saco un balance muy positivo. Creo que SCC está pasando por un buen momento gracias al esfuerzo de muchísimas personas. Y además creo que nos miran con un respeto, que es lo que queríamos también transmitir. Y ese respeto lo hemos ganado a través de la transparencia, del rigor de un discurso basado en valores, y en principios que, evidentemente, no se cambia, sino que se afianza.

— Precisamente en su carta de despedida deja claro que la lucha no acaba aquí, que hay que seguir. Se ha dicho muchas veces que, ahora, no se queman contenedores en las calles, pero ahí sigue el separatismo. Incluso se dice que el procés ahora se ha trasladado al resto de España.

— No tengo ninguna duda de que se ha contagiado. Y es curioso, porque en este momento el nacionalismo en Cataluña no tiene poder institucional, es cuando menos poder institucional ha tenido. Pero, en cambio, es cuando más influencia tiene en el Gobierno de la Generalitat y en el Gobierno de España, a través del Partido Socialista.

Y es triste ver que los presidentes de la Generalitat y del Gobierno de España han firmado y están aplicando las políticas que les dictan los partidos nacionalistas. Con el problema de que el nacionalismo es una ideología perversa, porque se cree superior a todos los demás. Pero el Gobierno ha cedido poder a cambio de gobernar. Esto no es responsable. Y realmente ni siquiera es legítimo, porque es utilizar el poder político, desvirtuando lo que debiera ser la responsabilidad de gobernar lo mejor para todos los españoles y para todos los catalanes.

— Aunque ahora, en Cataluña, la lengua, el catalán se usa como nuevo caballo de batalla que sustituye al proceso independentista. Y además, con un discurso, que asume el propio Presidente de la Generalitat, que es socialista.

— Bueno, es que estando ERC gobernando la Generalitat, el Partido Socialista impidió que se aplicara la sentencia del 25% de español en Cataluña. Y ahora están manteniendo esto. Pero es que el nacionalismo es igual en todas las partes y necesita afianzarse a base de un enemigo común, de un mantra, que puede ser el 'Madrid nos roba' o 'los españoles no nos quieren'. Y ahora están con el catalán.

Lo que hacen es que blindan una lengua que consideran propia, suya, y excluyen a cualquier otra. Y al final, pasa lo que estamos viendo. Que esa fanática defensa de una lengua, como si tuviera derechos, olvidando que los derechos son los de los ciudadanos, acaba produciendo el efecto que estamos viendo ahora: se habla menos catalán y se habla peor catalán.

Las personas queremos libertad para poder escoger, para poder utilizar las herramientas que tengamos a nuestro alcance para comunicarnos, para convivir en paz. Pero cuando nos imponen y excluyen lo que, para nosotros, es querido, además de uno de nuestros derechos, como puede ser nuestra lengua materna, produce el efecto absolutamente contrario al que el nacionalismo estaba buscando.

— ¿No tienen la sensación de que Sociedad Civil Catalana, junto con un puñado, pocas, entidades más, se ha quedado sola defendiendo la Constitución y el Estado de derecho en Cataluña?

— Diría que ese sentimiento de orfandad las tenemos las personas que queremos vivir en convivencia y respetando la ley y el orden. Estamos solos desde hace tiempo, porque aquí ha habido pactos del Tinell, que excluían a una parte de los ciudadanos; pactos del Majestic, que daban fuerza a una posición nacionalista. Y ya no digamos en la época actual, en que la legislatura se aguanta, precisamente, por las cesiones al nacionalismo. Y en la Generalitat pasa lo mismo.

Hay soledad, por supuesto, pero también tenemos que ser un elemento fiscalizador, como sociedad civil, de esas derivas que tienen los partidos políticos de centrarse en su pervivencia y en mantener el clientelismo. Estaremos solos, pero eso no nos preocupa ni nos ha preocupado a nosotros.

Afortunadamente, tomamos la decisión, ya desde el inicio, de no depender de subvenciones, de no depender de la voluntad política de ningún partido ni de ninguna institución, porque eso nos quitaría nuestra neutralidad, nuestra transversalidad y nuestra posibilidad de mirar a los ojos a cualquier político, que represente cualquier ideología, cuando queremos expresar que sus actuaciones van en contra de lo que consideramos los derechos de los ciudadanos.

— Hablaba de ir a contracorriente. Eso desgasta, y mucho.

— No es nunca fácil ir a contracorriente, pero se hace convencido, cuando uno cree realmente en la defensa de los derechos de los ciudadanos, en proteger a los más vulnerables, en dar voz al que no puede, porque está acosado o porque la muerte civil existe en Cataluña. Y se trata de actuar desde lo más profundo, desde los valores de la conciencia ciudadana.

Movimientos en el TJUE

— Y por esto también está SCC en diferentes frentes judiciales.

— Y aquí quiero destacar nuestra aportación a la sociedad como ciudadanos responsables, y que debe pasar por un cierto activismo, a veces económico. Algunos de nosotros somos más visibles, pero gracias a tantas personas que nos ayudan, con su contribución, ya sea grande o pequeña, eso nos permite estar en los tribunales, defendiendo que la amnistía no puede ser aplicada a la malversación. Porque no podemos seguir fomentando la corrupción en este país, que no todo vale.

Y también vamos a ir hasta las últimas consecuencias para exigir responsabilidades a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que tenía que haber estado al servicio de los ciudadanos de una manera neutral, comprometida, rigurosa, pero ha acabado siendo un instrumento de manipulación.

Lo alucinante es que no se hayan tomado medidas antes. Sabemos que la CCMA, como tantas otras instituciones públicas en Cataluña, y también lo estamos viendo en el resto de España, están sirviendo para ser colonizadas por el poder de turno, para poner en puestos de influencia a determinadas personas para que sigan manteniendo el status quo del que le haya colocado. Y todo eso, con dinero de todos los ciudadanos.

— Cómo se sienten cuando desde el PSC, por ejemplo, se pide al poder judicial que respete al ejecutivo y al legislativo, no a la inversa. Y que aplique la ley de amnistía, porque Puigdemont tiene que estar aquí en Cataluña.

— Es que me parece lógico que lo diga porque su partido, el PSOE, ha respaldado conceder unos indultos a cambio de nada. Y también tienen la desfachatez de promulgar una ley, como es la de la amnistía, que es un saco que recoge las peores prácticas políticas en Cataluña y la sublevación contra el Estado de derecho, incluida la malversación, la corrupción.

Es profundamente desgarrador ver que los partidos políticos no solamente no se mantienen fieles a lo que dicen en determinados momentos, sino que son capaces de cambiar de opinión radicalmente y defender lo opuesto. Y, sobre todo, defender que un golpe al Estado de Derecho puede tener cabida a cambio de unos votos. Son favores políticos que se pagan. Y está muy alejado de lo que debe ser la mejor gobernabilidad

— Hablaba que están presentes en los tribunales europeos. En este sentido, el TJUE está agilizando todo el proceso, ¿no?

— Es así. Esas noticias tenemos nosotros, que los pasos que está dando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea van en esa línea, van en la línea de decir: no vemos muy claro lo que está pasando en el Tribunal Constitucional; la corrupción es un delito grave en Europa, y hay que ponerle freno; y lo que ha pasado en España sería, indudablemente, un toque de atención para los que tengan deseos de hacer exactamente lo mismo en sus países o en sus regiones.

Esperamos que, antes del verano, antes de lo que nosotros habíamos pensado, que nos llamen, que podamos asistir a la vista, aunque esto aún no está claro, o si se seguirá el procedimiento habitual a través de del abogado instructor. Pero, en todo caso, sí que creemos que en otoño habrá sentencia sobre este tema y tenemos fundadas esperanzas de que el tribunal dejará claro que lo que pasó en Cataluña no ha sido un proceso transparente.

— ¿Aunque la resolución de este caso la verá su sucesor o sucesora?

— Sí, porque el día 30 de mayo se celebrará la asamblea en la que los socios elegirán, si ha habido más de una candidatura. A mí me consta que Alex Ramos, fundador de SCC y vicepresidente conmigo durante estos tres años, presenta su candidatura, dentro de un proceso que es absolutamente natural.

Desde luego estaría en las mejores manos, si es que los socios elegimos a Ramos. Le pedí que fuera mi vicepresidente porque considero que es un hombre ejemplar y que, además, ha sufrido en primera persona lo que es la persecución que ha habido en Cataluña para los que no pensamos como el mainstream nacionalista. Me ha demostrado durante estos años que compartimos los mismos valores o la misma manera de trabajar.