Illa y Sánchez resucitan el cuerpo diplomático catalán que armaron Puigdemont y Junqueras y desmontó el 155

Esta semana el Boletín Oficial del Estado ha publicado una disposición adicional por la que se modifica una ley de 2014 para crear el Cuerpo de Acción Exterior y de la Unión Europea de la Generalitat. En definitiva, el gobierno catalán tendrá su propio cuerpo diplomático. La política exterior, y en concreto disponer de una política exterior propia, es un sueño de los independentistas, y desde luego se ha dado un paso más con la creación de esa figura. Y todo ello, con un gobierno socialista.

Aunque los nacionalistas ya llevan trabajando en ello desde hace tiempo. Y ahí se entiende la apertura de las «embajadas» de la Generalitat en el extranjero. Actualmente hay 21. Y también hay que tener en cuenta el papel del Diplocat, que se creó en 2007 con otro socialista, con José Montilla, y que tuvo un papel destacado en el proceso independentista.

De hecho, se le consideró como uno de los principales «lobistas internacionales» del procés y la fiscalía del Tribunal de Cuentas cifró en unos 2 millones de euros el dinero que se gastó este organismo en el exterior para promover ese proceso. Pero es que también la Guardia Civil atribuyó al Diplocat el pago de los observadores internacionales que vinieron a Cataluña para controlar el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Por todas estas cuestiones, el gobierno de Mariano Rajoy, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, decidió la supresión de las delegaciones de la Generalitat en el exterior. Recordemos que eso fue a finales de octubre de 2017. Hasta ese momento, Cataluña contaba con once «embajadas» activas y planes para abrir más en países como Croacia o Marruecos.

También esta medida supuso el control de las finanzas de la Generalitat. Y es que el Gobierno argumentó que estas delegaciones y el Diplocat se habían utilizado para promover el proceso independentista, en detrimento de los intereses generales de España. El Diplocat era un consorcio público-privado creado para fomentar la proyección internacional de Cataluña, pero, como decíamos, estuvo en el punto de mira por haber desviado fondos para promover el proceso independentista en el exterior.

La reactivación de las «embajadas»

Sin embargo, no se llegó a completar el desmantelamiento de la estructura de política exterior de la Generalitat. Tras el levantamiento del artículo 155, en junio de 2018, el nuevo gobierno de Quim Torra se apresuró a reactivar delegaciones, el Diplocat y la acción exterior del Govern. No solo lo recuperó, sino que desafió al ejecutivo e incrementó y consolidó esa red de embajadas. Según el entonces consejero de Asuntos Exteriores, Ernest Maragall, el objetivo era «explicar al mundo el derecho a la autodeterminación y la pluralidad de Cataluña».

De hecho, a partir de 2018 se reactivaron ocho oficinas clausuradas: Nueva York, Bruselas, París, Ginebra, Zagreb, Roma, Londres y Berlín, con un coste estimado de 18 millones de euros anuales. En junio de 2019, el consejero de Acción Exterior, Alfred Bosch, anunció la apertura de tres nuevas delegaciones en México, Túnez y Argentina, con el objetivo de ampliar la influencia global de Cataluña. Estas oficinas se establecieron en Ciudad de México, Túnez y Buenos Aires, respectivamente, buscando cubrir América Latina, el norte de África y otras regiones estratégicas.

Una decisión que no contó con el aval del Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido entonces por Josep Borrell. Es más, el ministerio dio instrucciones a la Abogacía del Estado para que recurriera su apertura porque las consideraba «lesivas para los intereses del Estado habida cuenta del objetivo declarado del actual Gobierno de la Generalitat de emplear todos los medios a su alcance para la llamada internacionalización del procés». Es lo que aseguraba el ministerio en un comunicado.

Pero la Generalitat siguió a lo suyo y a ampliar esa red con la delegación de Brasil. De este modo, para 2023, la Generalitat ya tenía 21 delegaciones, cubriendo 72 países, incluidos todos los Estados miembros de la Unión Europea. Estas oficinas se encuentran en ciudades clave como Johannesburgo, Río de Janeiro (trasladada desde Brasilia en 2023), Roma, y otras regiones estratégicas como África Meridional y el Sudeste de Europa.

Pero la Generalitat no se dio por satisfecha, ni mucho menos, y dejó claro que no se iba a quedar ahí. Por este motivo, en 2024, la consejera Meritxell Serret anunció la intención de crear un «Cuerpo de Acción Exterior y de la Unión Europea», un cuerpo de funcionarios especializados para profesionalizar la acción exterior catalana. Y esta es la iniciativa, publicada en el BOE esta semana y que ha generado mucha controversia, porque se considera un intento de sortear la competencia estatal en política exterior.

También con Serret el Diplocat cambió de nombre y ahora se llama Catalunya Internacional. Fue un «lavado de cara» obligado por decisiones judiciales. Y es que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional consideró inconstitucional el uso de la terminología de «diplomacia pública» al considerar que podía generar confusión. Y es que la diplomacia, recordaba el Tribunal, es competencia exclusiva de los Estados. Y Cataluña no lo es.

Y el socialista Salvador Illa sigue manteniendo esa política exterior, también en recursos. Unos 100 millones de euros de los presupuestos de la Generalitat se destinan a este cometido. Y, de ellos, casi 11 millones al mantenimiento de las embajadas catalanas que tienen, entre sus objetivos, recordemos, «representar a la Generalitat ante las autoridades públicas estatales».