Cataluña multa a Amazon por ocultar el algoritmo que controla a sus trabajadores

La administración catalana ha tomado una decisión que trasciende las fronteras económicas para adentrarse en territorio jurídico inexplorado, según ha revelado Xataka.es. La multinacional del comercio electrónico enfrenta una multa que, aunque modesta en cifras —2.401 euros—, representa el primer castigo en territorio español por negar transparencia sobre los mecanismos automatizados que vigilan el desempeño laboral.

El conflicto detrás de los datos

Todo comenzó cuando los representantes sindicales del centro de distribución barcelonés —que da empleo a más de dos mil personas— solicitaron acceso a información que consideraban fundamental: ¿bajo qué criterios el sistema automatizado evalúa si un trabajador rinde lo suficiente? La respuesta de la empresa fue el silencio, lo que desencadenó una denuncia formal.

Los especialistas en informática de la Generalitat realizaron una investigación exhaustiva que reveló un panorama complejo. El sistema no solo mide la productividad, sino que también regula aspectos tan específicos como los horarios de descanso y el tiempo destinado a necesidades básicas.

La experiencia descrita a la Cadena SER por Raúl Hernández, operario del almacén y miembro del comité de empresa de CGT, ilustra la realidad cotidiana: «El sistema registra cada movimiento, cada producto que manipulas, pero trabajas a ciegas sobre qué se espera de ti hasta que llega la reprimenda».

Una multa con peso político

Aunque el importe específico por falta de transparencia algorítmica resulta simbólico para una corporación de esta magnitud, las fuentes sindicales de CCOO consultadas por Xataka estiman que el total de sanciones derivadas de la inspección podría superar los 100.000 euros.

Dani Cruz, quien lidera la transición digital en CCOO Cataluña, contextualiza el momento en declaraciones a la SER: esta resolución administrativa cristaliza un derecho laboral que apenas comenzaba a tomar forma en la legislación española.

La defensa corporativa

Interpelada por Xataka, la compañía estadounidense rechaza las conclusiones de la inspección. Sus representantes argumentan que todas sus operaciones se ajustan a la normativa vigente y adelantan que recurrirán la decisión. «Nuestros centros operan bajo estándares de seguridad y bienestar superiores», sostienen desde la empresa, defendiendo que sus herramientas tecnológicas cumplen «plenamente con las regulaciones locales».

La revolución silenciosa de 2021

El marco legal que hace posible esta sanción nació con la llamada Ley Rider, una normativa que inicialmente se enfocaba en regular las plataformas de reparto a domicilio pero que incluyó una disposición con alcance mucho mayor. La modificación del Estatuto de los Trabajadores estableció que los comités de empresa tienen derecho a conocer cómo funcionan los algoritmos que influyen en las decisiones laborales.

Este artículo 64.4 exige que las empresas revelen «los parámetros, reglas e instrucciones» de sus sistemas automatizados cuando estos afectan condiciones de trabajo, contrataciones o despidos.

La sospecha de las listas ocultas

Más allá de la sanción actual, persiste una inquietud entre los representantes sindicales sobre el uso que se da a esta información. Las fuentes consultadas por la Cadena SER sugieren que los datos de rendimiento podrían alimentar clasificaciones internas de trabajadores, especialmente vulnerables tras los picos de actividad comercial.

Hernández explicó a la Cadena SER un patrón recurrente: despidos justificados por supuestas infracciones de seguridad que, cuando se llevan a los tribunales, frecuentemente son declarados improcedentes. Esta práctica sugiere que el análisis algorítmico del rendimiento podría estar siendo utilizado para construir argumentarios de despido que no resisten el escrutinio judicial.

La resolución catalana, independientemente de su resultado final tras los recursos anunciados, ha abierto un debate que trasciende las fronteras regionales sobre hasta qué punto la automatización puede gobernar las relaciones laborales sin supervisión humana ni transparencia para los afectados.