El gobierno de Illa se compromete con el aborto en toda Cataluña y actualiza la 'lista negra' de objetores

A pesar de que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, repite a menudo que su gobierno se rige por los ideales del «humanismo cristiano», lo cierto es que algunas de sus políticas chocan frontalmente con la doctrina social de la Iglesia. El ámbito donde esta contradicción resulta más evidente es el aborto, que fue uno de los caballos de batalla del predecesor de Illa, el republicano Pere Aragonès.

En el balance de su mandato, hace ahora algo menos de un año, el gobierno de Aragonès defendía su orientación «desacomplejadamente feminista», con la creación de una consejería de Igualdad y Feminismos, y celebraba «haber garantizado el derecho a escoger el método de interrupción voluntaria del embarazo [es decir, el aborto] en todas las regiones sanitarias de Cataluña».

Es cierto que el gobierno de Illa no gusta de este tipo de declaraciones bombásticas en este ámbito, y ni la consejera de Igualdad y Feminismo –ha perdido la ese– ni la de Salud se han prodigado en abordar este tema. Esto no quita que, en la práctica, nada haya cambiado en este punto entre los gobiernos de ERC y del PSC, y la muestra de ello es lo que ocurrió esta misma semana en el Parlament de Cataluña.

El miércoles, la consejera de Salud, Olga Pané, comparecía en una comisión de la cámara legislativa catalana para rendir cuentas de su trabajo. En su intervención, Pané defendió que el aborto está garantizado en todos los territorios de Cataluña, tanto farmacológica como quirúrgicamente, y que no tiene conocimiento de que alguien se haya quedado fuera «por algún problema de acceso».

Pané también actualizó los últimos datos disponibles, referentes al año 2023, revisándolos al alza respecto a lo publicado por el Ministerio de Sanidad. Según la consejera, en Cataluña se practicaron ese año 22.307 abortos voluntarios, lo que implica que más de uno de cada cinco abortos de toda España se perpetran en esta comunidad autónoma.

La cifra supone un aumento de casi dos puntos respecto a 2022, y además –detalló Pané– el 83,3% de los casos fue financiado con dinero público. Para la consejera, el aumento respecto a 2022 responde al nuevo protocolo catalán, que amplía el aborto farmacológico hasta las diez semanas en los abortorios y las 14 semanas en un hospital, así como al plan de mejora del acceso a métodos anticonceptivos de larga duración.

«Lista negra»

Otro de los recados que corrió para dejar cerrados Aragonès antes del cambio de gobierno fue –cuando ya había perdido las elecciones y estaba en funciones– la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia. Cataluña era hasta entonces una de las únicas seis comunidades autónomas sin una «lista negra», y su implementación indignó al movimiento provida catalán: «Es el legado de un fracasado político», criticaba entonces el presidente de la Corriente Social Cristiana, Josep Miró i Ardèvol.

De nuevo, el gobierno de Illa ha acogido esta lista de objetores y la ha mantenido actualizada. Según Pané, solamente están inscritos en ella seis profesionales sanitarios en toda la comunidad.

Cabe recordar, en este sentido, que en octubre la consejera de Interior, Núria Parlon, se posicionaba también a favor de la persecución, incluso penal, de iniciativas como la campaña pacífica de oración frente a los abortorios 40 Días por la Vida, y aseguraba que el gobierno catalán iba a defender «con determinación» el «derecho al aborto».