Junts se desmarca del Pacto por el Padrón firmado por los partidos de izquierda para que no se «vulneren» derechos

«Cataluña no acepta que se vulneren derechos y que se normalice la segregación y la exclusión». Este es el resumen del Pacto del Padrón que han firmado diferentes entidades y los grupos de izquierda en el Parlament: PSC, ERC, Comunes y la CUP, que recuerdan que el empadronamiento municipal es una «obligación legal», una «responsabilidad institucional» y sobre todo una «cuestión de humanidad». Y, este acto, aseguran, el derecho al padrón, no puede depender de un código postal, «de la mirada de un funcionario o de la voluntad política de un ayuntamiento».

Destaca poderosamente la atención la ausencia de Junts que gobierna en más de 300 ayuntamientos de Cataluña. Alguno de sus alcaldes son los que están poniendo, precisamente, más trabas para poder empadronarse. No hay que perder de vista que Aliança Catalana les está comiendo el terreno y esta formación defiende poner límites al empadronamiento.

De hecho, la líder de este partido, Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, fue denunciada por este motivo, por retrasar la inscripción en el padrón, especialmente en el caso de los inmigrantes que llegaban al municipio. Ella dejó claro que no tenía intención de inscribir a los que vivieran en viviendas ocupadas de forma ilegal, o en habitaciones realquiladas para evitar «el fraude».

Ahora, Junts, en una carta, argumenta que este pacto «no aborda con profundidad cuestiones para una gestión del padrón coherente con las herramientas y los recursos» necesarios, aunque tampoco cierra la puerta a adherirse más adelante si se introducen algunas modificaciones. Para empezar la formación pide una financiación adecuada para esos municipales que asuman el empadronamiento y la participación activa de la Asociación Catalana de Municipios y la Federación de Municipios de Cataluña.

El pacto establece el acuerdo para el acceso universal al padrón y el compromiso con el respeto a la legalidad vigente y los derechos de la ciudadanía, de forma que se vele para que todos los trámites asociados al registro se hagan con la «máxima diligencia». Y también se apuesta por la promoción de políticas de empadronamiento activo, de proteger a los niños y a los colectivos más vulnerables, así como de respetar el principio de autonomía local.

De lo que se trata es de que estas formaciones que han suscrito el pacto trasladen a los ayuntamientos es una «obligación legal». Sin embargo, las entidades impulsoras denuncian que han detectado «múltiples obstáculos, restricciones y prácticas irregulares que limitan o directamente impiden el empadronamiento a miles de personas en todo el territorio».

Se refieren, por ejemplo, a «barreras burocráticas, plazos que no respetan requisitos ilegales y la exigencia de documentos adiciones que no se ajustan a la normativa vigente». Y esto, apuntan, lo que provoca es «discriminación». Y este tipo de prácticas se han detectado en, al menos, una cuarentena de municipios de Cataluña, entre ellos, algunos de los más poblados, como Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona o Mataró.

Los casos de Martorell o Figueres

Pero también hablamos de otras ciudades como Figueres o Martorell (ambos gobernados por Junts) o Lérida (PSC). En el caso de estos dos últimos municipios han sido denunciados por entidades sociales por dificultar este derecho.

El alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha dejado claro que solo van a empadronar a aquellos que acrediten tener el domicilio establecido en el municipio, con un contrato de alquiler, una escritura de propiedad o la autorización del propietario del inmueble. Él defiende que no empadronará okupas, al menos que se lo obligue un juez. Y es que recuerda que ocupar de forma ilegal un inmueble «es delito», y esto nunca puede otorgar derechos. Al contrario, la ocupación hay que «combatirla», sentencia.

En el caso de Figueres (Gerona), Albert Alemany, que es concejal de Nuevas Tecnologías, Empadronamiento y Buen Gobierno, explica que lo que se exige es cualquier documento «que nos indique que se vive allí». El problema viene cuando no se puede certificar. En este caso, dice, «tenemos que comprobar que, realmente, el padrón sea fiel y asegurarnos de que lo que nos indica es real».

Explica que en la ciudad hay agentes de padrón, que son los que hacen esas verificaciones o en algunos casos la Guardia Urbana. El año pasado, el consistorio detectó 804 casos de fraude en el padrón municipal y se dio de baja a estas personas. Se encontraron casos en los que se aseguraba que vivían en un determinado domicilio que se comprobó posteriormente que no era cierto; o parejas que se habían separado, pero a la práctica no era así.