El alcalde de Gerona, Lluc Salellas, en una imagen de archivo
El alcalde independentista de Gerona ha de devolver 1,2 millones a Europa por mala gestión, pero echa la culpa al «Estado español»
El gobierno municipal de la CUP debe reintegrar 1,2 millones por incumplir compromisos, mientras el PSC ve una oportunidad de oro para 2027
La capital gerundense vive una crisis de credibilidad que trasciende lo meramente económico. El gobierno municipal liderado por la CUP se encuentra en el ojo del huracán tras verse forzado a reembolsar una cantidad millonaria de las arcas europeas, un revés que pone en tela de juicio la capacidad gestora del independentismo más radical.
La debacle financiera tiene nombre y cifras concretas: el consistorio debe devolver al erario público poco más de 1.2 millones de euros de los fondos Next Generation por su incapacidad para materializar las infraestructuras comprometidas. Entre los proyectos que quedaron en el papel figuran un parking disuasorio en Mas Gri y una pasarela panorámica conectando Torre Gironella con las Canteras, iniciativas medioambientales que no lograron ver la luz pese a contar con financiación asegurada.
La situación se agrava cuando se analiza el desglose económico: mientras que la mayor parte del reembolso corresponde a la subvención original recibida, más de 76.000 euros adicionales representan intereses de demora, una penalización que evidencia la dilación en el cumplimiento de los plazos establecidos. Esta sanción económica se produjo incluso después de que Madrid concediera una prórroga extraordinaria hasta diciembre de 2024.
El alcalde Lluc Salellas, figura controvertida del secretariado nacional de la formación anticapitalista, enfrenta ahora el mayor desafío de su mandato. Su gestión, que llegó al poder gracias a una alianza táctica entre Junts y ERC para bloquear al PSC —pese a haber ganado las elecciones—, muestra un balance limitado en el ecuador de la legislatura.
Las promesas electorales contrastan dramáticamente con la realidad ejecutada. Donde se prometieron 800 viviendas sociales, apenas se han iniciado las obras de un centenar. Los únicos proyectos que el gobierno municipal exhibe como logros son la continuidad del Campus de Salud Josep Trueta —una herencia de administraciones anteriores— y el arranque de esa construcción residencial de dimensiones muy reducidas.
La defensa cupaire ha optado por la confrontación institucional, responsabilizando al «Estado español» de ejercer una «presión creciente» sobre los ayuntamientos que, según su versión, impide el desarrollo natural de los proyectos municipales. Esta narrativa de victimización contrasta con la realidad de otros consistorios que sí lograron ejecutar sus compromisos europeos en tiempo y forma.
El trasfondo político de esta crisis trasciende lo local. Gerona representa mucho más que una capital provincial para el movimiento independentista: es el bastión simbólico de Carles Puigdemont y un laboratorio donde se testan las capacidades del secesionismo más extremo. El fracaso en la gestión de fondos europeos alimenta la narrativa de quienes cuestionan la viabilidad económica del proyecto soberanista.
Para el PSC, esta coyuntura representa una oportunidad histórica de cara a 2027. Los socialistas interpretan que su experiencia en la gestión de la Generalitat, donde han logrado ampliar presupuestos mediante acuerdos con ERC y los comunes, les otorga credenciales sólidas frente a una CUP desacreditada. La conquista de Gerona no sería solo una victoria electoral, sino un golpe simbólico en el corazón del independentismo catalán.
El presidente Illa contempla esta posible victoria como una pieza clave en su estrategia de «normalización» política, incluso si ello implicara remodelar su ejecutivo autonómico —actualmente Paneque ocupa la consellería de Territori y la portavocía—. Para los socialistas, el precio político valdría la pena por el valor emblemático de arrebatar al independentismo una de sus plazas más representativas.
La controversia de los fondos europeos no es un caso aislado, sino que se inscribe en una tendencia más amplia de cuestionamiento hacia la gestión económica del nacionalismo catalán. Desde la fuga empresarial durante el procés hasta las dificultades actuales de formaciones como la CUP para ejecutar proyectos básicos, se dibuja un patrón que erosiona la reputación de eficiencia tradicionalmente asociada al catalanismo político.
El desenlace de esta crisis gerundense podría marcar un punto de inflexión en el mapa político catalán, donde la gestión práctica empieza a pesar más que los discursos identitarios en las decisiones del electorado.
