Operativo policial en Mataró para desalojar viviendas ocupadas ilegalmente
Cataluña
Mataró gestiona 78 ocupaciones conflictivas en el primer año de la Oficina Antiocupaciones y resuelve el 40 % de los casos
En el último año, la policía ha frustrado 350 intentos de ocupación en esta ciudad
La Oficina de Atención e Intervención en Ocupaciones de Mataró, creada en agosto de 2024, ha gestionado en su primer año de funcionamiento un total de 78 casos de ocupaciones ilegales conflictivas en la ciudad, de las que se han resuelto una treintena, un 40 %. Según la teniente de alcalde de Seguridad, Núria Moreno, la resolución no siempre implica el desalojo, ya que este proceso judicial puede prolongarse unos dos años de media.
El objetivo principal del servicio, mientras los casos están en los tribunales, es garantizar al máximo la convivencia en las comunidades afectadas. «Estamos limitados por los tiempos judiciales, pero nuestro foco es asegurar la convivencia», ha destacado Moreno, que, en cualquier caso, hace un balance «positivo» del trabajo realizado.
El problema de las ocupaciones ilegales en Mataró ha generado tensiones en los últimos años, con casos que, en ocasiones, están vinculados a actividades delictivas, lo que ha incrementado la percepción de inseguridad en algunas comunidades de vecinos. Este fenómeno, aunque menos intenso que en años anteriores, según la Policía Local, ha llevó al consistorio a crear esta oficina para abordar de manera integral un problema que afecta tanto a la convivencia como a la propiedad privada.
El servicio coordina la atención ciudadana con diversos departamentos municipales y prioriza el asesoramiento legal, gracias a la colaboración con el Colegio de Abogados de Mataró. Esto ha permitido orientar a los vecinos sobre alternativas legales más allá de la denuncia penal. Además, se han llevado a cabo tareas de mediación entre vecinos y ocupantes, junto con medidas preventivas para evitar nuevos conflictos. «Ha habido una acción directa multidisciplinaria», ha dejado claro Moreno.
La oficina ha organizado cuatro formaciones grupales para comunidades de vecinos y ha realizado 24 atenciones presenciales en puntos itinerantes en el centro, Cerdanyola y Rocafonda. Mensualmente, un «espacio operativo» reúne a los servicios municipales para coordinar estrategias de intervención, siempre con la convivencia como prioridad. Desde el ámbito policial, la Policía Local y los Mossos de Esquadra han frustrado 350 intentos de ocupación en el último año, lo que ha contribuido a reducir la conflictividad.
Según el consistorio, la implicación de grandes propietarios, que han blindado pisos vacíos o los han puesto a la venta, también ha ayudado a mitigar el problema. «El suflé ha bajado», aseguran desde la Policía Local, en referencia a la menor intensidad de los conflictos respecto a años anteriores.
Y es que la problemática en determinados barrios, como Cerdanyola y Rocafonda, se ha hecho insostenible para los vecinos, porque muchas de esas ocupaciones estaban vinculadas con actividades delictivas. En 2022, por ejemplo, se registraron en solo cinco meses 288 allanamientos y 73 intentos de ocupación. De hecho, el ritmo de ocupaciones ilegales eran de unas 50 cada mes en la ciudad.
