Tras entregar Cercanías, las fronteras y la agencia tributaria ahora llegan los aeropuertos

Llega el nuevo curso político y con él llegan nuevas concesiones al independentismo a cambio de prolongar todo lo que sea posible la legislatura. Los partidos separatistas necesitan demostrar que el PSOE está arrodillado ante ellos para satisfacer así a sus votantes y, a la vez compiten entre ellos, en una carrera sin fin para ver cual de ellos logra más éxitos en el proceso de desmontaje del estado en Cataluña cual túnica de Cristo en una bovina de tela sin fin.

En los veintiún meses de legislatura Sánchez ha acelerado el desguace del Estado en Cataluña a cambio del apoyo parlamentario de ERC y Junts cediendo la agencia tributaria, los trenes de cercanías, del control de fronteras y políticas de inmigración, la condonación de parte de la deuda, el control de RTVE en Cataluña, la amnistía, la no recepción de MENAS y un largo etcétera. Ahora le toca el turno a los aeropuertos, otra vieja reivindicación nacionalista.

La creación de un organismo para gestionar infraestructuras aeronáuticas en Cataluña fue una de las exigencias de ERC para facilitar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat hace poco más de un año y ha sido Lluïssa Moret, número dos del PSC y presidenta de la diputación de Barcelona, la que ha confirmado que existen conversaciones en este sentido en las que también participa el gobierno central.

El paso es lógico tras lograr la Generalitat la creación de una empresa mixta, que se pondrá en marcha el próximo 1 de enero de 2026, para la gestión de Cercanías en la que el gobierno autonómico contará con el 49,9% y con el Renfe 50,1%. Lo más singular del acuerdo es que a pesar de que societariamente RENFE mantendrá la mayoría accionarial el acuerdo político revela que los nombramientos y control real será del gobierno catalán lo que hoy no es un problema, dado que amos titulares son socialistas, pero ante un posible cambio de gobierno en Madrid o en la Generalitat generaría una situación de evidente inseguridad jurídica.

Mientras no llega el 1 de enero RENFE y Oscar Puente siguen tomando medidas perjudiciales para los usuarios del ferrocarril catalanes o que visiten Cataluña. La última de ellas ha sido suprimir los trenes Avlo entre Madrid y Barcelona con la excusa de un defecto en los vagones que no ha paralizado el servicio Avlo desde Madrid a Galicia o Andalucía. La decisión de convertir los diez trayectos diarios de Avlo a AVE encarecen el billete un 63,75% de media, pero ni el gobierno catalán, ni sus socios de investidura de ERC y Comunes han protestado.

La transferencia de los aeropuertos, ahora en negociación, generaría todo tipo de problemas. El primero de ellos es que los aeropuertos catalanes: Barcelona, Reus, Girona y Sabadell, con el de Barcelona como joya de la corona, forman parte de AENA, empresa parcialmente privatizada y que cotiza en bolsa desde 2014. La sociedad aeroportuaria pública está, presidida por un alto cargo del PSC, Maurici Lucena, y desprenderse de El Prat tendría un impacto en sus cuentas importantísimo dado que es junto a Barajas, Palma, Málaga y Alicante uno de los aeropuertos de referencia para AENA.

Más allá del efecto en las cuentas y la perdida de patrimonio que supone desprenderse de un aeropuerto con 55 millones de pasajeros hay también que valorar el riesgo que representa supone a nivel de seguridad. No hay que olvidar que los autodenominados Comités de Defensa de la República intentaron ocupar el Aeropuerto de el Prat y que, en consecuencia, la cesión combinada del control de fronteras y de la infraestructura podría llegar a dejar en manos del separatismo la libertad de tráfico de los ciudadanos en caso de un nuevo intento de secesión unilateral.

Además, entre los socialistas y sus socios de ERC y los Comunes no hay una misma visión sobre que hacer con el aeropuerto de Barcelona. Los socialistas han impulsado una reforma, aún no iniciada, que supondrá una inversión de 3.000 millones de euros a la que tanto los de Junqueras como los de Colau y Urtasun se oponen.

En Cataluña existe una creencia, ciega, de que lo que se gestiona desde la Generalitat, funciona mejor, pero en realidad no es así. Actualmente el gobierno catalán es titular de Aeroports de Catalunya, una empresa responsable de los aeropuertos de Lleida y La Seu de Urgell. Desde 2014 las pérdidas acumuladas de esta sociedad ascienden a 116 millones de euros y en el último año entre ambos aeropuertos han transitado solo 55.000 pasajeros, los mismos que en 9 horas en El Prat.