Andorra marca el camino a Junts: mientras estrenan multas lingüísticas, endurecen su discurso migratorio

A Andorra y a Cataluña les unen muchos lazos, económicos, sociales o lingüísticos. Y este país se ha convertido en un referente para los gobiernos catalanes y para los partidos catalanes en diferentes aspectos. Para empezar, el lingüístico. Recordemos que Andorra ha reforzado su política lingüística con sanciones a comercios que incumplen el uso obligatorio del catalán. Sin embargo, no hay que perder de vista que el catalán en la lengua oficial en Andorra, mientras que en Cataluña hay dos: español y catalán.

Pero el Gobierno andorrano también ha dejado caer en las últimas semanas, que se está planteando llevar a cabo una serie de medidas restrictivas en materia de inmigración y reagrupación familiar, con el objetivo de frenar el crecimiento poblacional descontrolado y evitar el colapso de los servicios públicos. Y ahí están al quite especialmente Aliança Catalana y Junts, que son los que compiten por el mismo espacio electoral.

Pues bien, el ejecutivo de Andorra va a introducir medidas más estrictas para gestionar la llegada de extranjeros y la reagrupación familiar, en un contexto de presión demográfica que ha llevado la población del Principado a casi 100.000 habitantes. En unas declaraciones a Radio Nacional de Andorra, el jefe de Gobierno, Xavier Espot, fue contundente: «No podemos permitir un modelo en el que las personas llegan, reagrupan a su familia y al día siguiente solicitan ayudas sociales».

Esta postura refleja su preocupación por la saturación de servicios esenciales como la sanidad, la educación y las infraestructuras viales, que enfrentan listas de espera prolongadas y congestión. La reforma migratoria, implementada progresivamente desde principios de 2025, establece requisitos económicos más exigentes para la reagrupación familiar, especialmente para los trabajadores temporeros sin residencia permanente.

Ahora, para reagrupar a un adulto adicional, se requiere demostrar ingresos mensuales de al menos 2.894 euros, equivalente al doble del salario mínimo interprofesional (1.147 euros tras un incremento del 5,2 % en febrero). Por cada menor de edad, se añade un 70 % del salario mínimo, lo que eleva la cifra a 3.906 euros para una familia con pareja e hijo.

Estas condiciones buscan garantizar que las familias reagrupadas puedan sostenerse sin depender de los recursos públicos, que ya han absorbido un esfuerzo significativo en años anteriores para atender a menores e inmigrantes irregulares en escuelas y hospitales. Además, el Gobierno ha restringido el acceso a la reagrupación familiar para los temporeros, una categoría de trabajadores que representó el 20% de los nuevos permisos de residencia en 2024.

A partir de ahora, solo los residentes permanentes con al menos tres años de cotización en la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social) podrán solicitar la reunificación de sus familiares directos. Esta medida, según el Ejecutivo, pretende desincentivar la llegada masiva de trabajadores no cualificados que buscan establecerse en el país aprovechando las políticas de reagrupación.

El Departamento de Inmigración también ha reforzado los controles para detectar casos de reagrupación fraudulenta, como matrimonios de conveniencia, y ha incrementado las inspecciones laborales para garantizar que los empleos declarados cumplen con los requisitos legales. En 2024, se denegaron 1.200 solicitudes de residencia por irregularidades, un 15 % más que el año anterior, lo que refleja un endurecimiento en la aplicación de la normativa.

Estas políticas se alinean con tendencias regionales, como las reformas migratorias en Francia y Portugal. En julio, Portugal aprobó una ley que limita la reagrupación familiar y creó una unidad especial de fronteras, un modelo que Andorra ha estudiado para reforzar la vigilancia en sus pasos fronterizos con España y Francia.

Sin embargo, las medidas han generado críticas entre asociaciones de inmigrantes, que las consideran discriminatorias y alertan sobre su impacto en sectores clave como la construcción y la hostelería, dependientes de mano de obra extranjera. Por su parte, el Gobierno defiende que estas restricciones son esenciales para mantener el equilibrio económico y social en un país con recursos limitados.

Política Lingüística

En paralelo, el Gobierno ha intensificado la aplicación de la Ley 6/2024, de 25 de abril, sobre la lengua propia y oficial, que refuerza el uso del catalán como «pilar de la identidad andorrana». Hace unos días se conoció que un comercio en Pas de la Casa fue sancionado con 2.200 euros por no disponer de formularios oficiales en catalán, incumpliendo la normativa que exige su uso exclusivo en rotulaciones, documentos administrativos y atención al cliente en el sector comercial.

Las sanciones, clasificadas como graves, oscilan entre 1.200 y 6.000 euros, y se espera que se intensifiquen las inspecciones en zonas turísticas con alta presencia de negocios extranjeros. La ley también obliga a los nuevos residentes a acreditar un nivel básico de catalán (A2) en un plazo de dos años, con cursos gratuitos ofrecidos por el Departamento de Política Lingüística.

En marzo, se aprobó un reglamento que consolida el catalán como lengua vehicular en la Administración y la justicia, exigiendo su uso en procesos de selección de personal y comunicaciones con contratistas, incluso extranjeros.