Los desmanes de la DGAIA: ex menas cobraban de más; un centenar no residía en Cataluña y una empresa para «limpiar» la corrupción

«Ustedes maltratan a los catalanes sin despeinarse, mientras financian la delincuencia que traen menas y ex menas». Es la acusación que ha hecho esta semana la diputada de Vox en el Parlament, María Elisa García Fuster a la consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, a cuenta de la gestión de la antigua DGAIA y los 168 millones de euros de importes pagados indebidamente de esta consejería a beneficiarios de distintas prestaciones sociales de 2016 a 2024 (cuando ya gobernaba el PSC de Salvador Illa).

Es lo que recoge la Sindicatura de Cuentas, que detalla que 44 millones se han pagado de forma indebida en pensiones no contributivas; 36 millones en la Renta Garantizada de Ciudadanía; 14 en complemento de pensiones; 70 millones en dependencia y casi cinco millones en ayudas a jóvenes ex tutelados y ex menas.

¿Y cómo se han pagado esas cantidades de más? Pues se han detectado casos de incompatibilidad, como, por ejemplo, que una persona esté cobrando dos ayudas a la vez; 1.241 personas han recibido la renta garantizada pese a tener un contrato laboral a jornada completa.

Y a eso hay que añadir, que de los 3.759 ex menas que cobraban ayudas, 1034 recibieron cantidades superiores a las que le correspondían, y 113 ni siquiera residían en Cataluña. Es la denuncia de la diputada de Vox, quien lamenta que «mientras ustedes pagan cantidades ingentes a menas, y ex menas, y eso también lo dice el informe, resulta que las ayudas no llegan a quienes tienen que llegar».

Pero García Fuster hace otra denuncia: no solo siguen pagando «cantidades astronomías», de millones de euros a las empresas que están siendo investigadas por Antifraude, como sería el caso de Fasi o Resilis, sino que, además, «para librar a Resilis de una posible condena penal, ha utilizado un plan de prevención de delitos del que ha pasado de puntillas», espetaba a la consejera de Derechos Sociales.

Y aquí entraría en juego una empresa llamada Judilex que, según la diputada de Vox, «se dedica a hacer limpieza de las cloacas socialistas. Una empresa privada que funciona como una estructura paralela al PSC, que es pagada con los impuestos de todos los catalanes y cuya función es librar de condenas penales por corrupción a las administraciones públicas gobernadas por los socialistas. Limpiar los rastros de una posible corrupción, en definitiva».

Judilex se presenta como una empresa «experta en compliance» que se dedica «con exclusividad al cumplimiento normativo». Y García Fuster ha enumerado las administraciones o empresas públicas que han contratado a esta empresa, como la antigua Espimsa, ahora Empresa de Mercats de Tarragona, que está siendo investigada por varias contrataciones; los Ayuntamientos de Barcelona, Torredembarra o Tarragona; la empresa pública de residuos de Tarragona. «Todos socialistas», ha remarcado la diputada.

De ahí que asegure la diputada de Vox, que el Departamento de Derechos Sociales «está señalado» tanto por la Sindicatura de Cuentas y por Antifraude por «presunta corrupción», y porque bajo el mandato del PSC se han continuado con las mismas prácticas «presuntamente corruptas» de ERC, sin que la consejera haya movido un solo dedo, más allá de cambiar el nombre a la DGAIA, que, recordemos, ha pasado a llamarse DGPPIA.

Y, mientras tanto, desde la consejería, y para intentar tapar todo este escándalo, ha anunciado que impulsará la condonación de deudas derivadas de prestaciones pagadas indebidamente a jóvenes ex tutelados. Así, dicen desde Derechos Sociales, se busca proteger a más de un centenar de beneficiarios que recibieron notificaciones en junio de 2025, exigiendo el reintegro de ayudas para su emancipación, con deudas que oscilan entre 12.000 y 36.000 euros por persona.

Irregularidades financieras

Pero en esa dirección general no solo se ha detectado descontrol en la concesión de prestaciones, sino también irregularidades financieras que podrían ascender a cientos de millones de euros en subvenciones y contratos adjudicados sin control. El informe de la Sindicatura de Cuentas, presentado en noviembre de 2024, destapa un sistema opaco de externalizaciones a entidades del tercer sector entre 2016 y 2020, con un gasto total de 788 millones de euros en servicios de acogida para menores tutelados, incluyendo menores no acompañados (MENAS).

Entre las anomalías detectadas figuran la contratación de 154 centros mediante procedimientos de emergencia sin justificación legal, prórrogas automáticas de contratos por 86 millones de euros sin documentación, y reconocimientos extrajudiciales de créditos por decenas de millones.

La Sindicatura critica la falta de publicidad y libre concurrencia en estas adjudicaciones, que beneficiaron a fundaciones como Resilis, vinculada a ex directivos de la DGAIA como Ricard Calvo (ERC, director entre 2016 y 2017), quien pasó de la entidad pública a la Fundación Plataforma Educativa, receptora de fondos públicos.

El escándalo, que salpica principalmente a ERC (responsable del Departamento de Derechos Sociales entre 2017 y 2021 con figuras como Dolors Bassa y Chakir El Homrani), pero también a Junts y PSC en periodos anteriores y posteriores, ha forzado una reestructuración drástica. En mayo de 2025, la Generalitat suprimió la DGAIA y creó la Dirección General de Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), limitando sus competencias en contratación y prestaciones para evitar «exceso de externalizaciones».