Avanza el cupo catalán: el Parlament otorga «plena autonomía» a la ATC para contratar personal de hacienda

El Parlamento de Cataluña ha dado este miércoles luz verde al decreto ley del Govern que otorga a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) «plena autonomía» en materia de personal, un paso más para avanzar en el modelo de financiación singular. La convalidación ha contado con los votos favorables de PSC-Units, ERC, Comunes y CUP, mientras que Junts se ha abstenido y el PPC, Vox y Aliança Catalana han votado en contra.

La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha defendido la norma como una «adecuación» esencial a las «nuevas necesidades» de la ATC. «No se hace en un día, sino que necesita su tiempo», ha explicado. Y, de hecho, ha enumerado las carencias actuales de la agencia, como la ausencia de informáticos, y de ahí que haya defendido la necesidad de dar «un salto cualitativo y cuantitativo» para recaudar el IRPF y otros impuestos.

Romero ha reafirmado el compromiso del Govern con la financiación singular, y ha recordado que hay un acuerdo con el Gobierno de Sánchez para avanzar en ese modelo, aunque ha admitido que «no es un trabajo sencillo». Pero ha garantizado que la ATC culminará como «una agencia eficiente, eficaz y que luche contra el fraude fiscal». Es más, ha defendido, en un mensaje dirigido a los que «tienen dudas», que «lo podremos hacer bien; los catalanes sabemos hacer bien las cosas y lo haremos de manera sólida, seria y rigurosa».

El decreto contempla cuestiones como el contrato programa como instrumento de gobernanza y la creación de nuevos cuerpos tributarios con perfiles profesionales específicos, dotando a la ATC de potestades para diseñar su estructura organizativa y negociar colectivamente las condiciones laborales.

Su objetivo es proporcionar «las herramientas jurídicas y organizativas necesarias» para ejercer las nuevas competencias «con plenas garantías, de manera eficaz y eficiente», ante el «cambio de paradigma» que implica la financiación singular: un aumento sustancial del volumen y complejidad de las funciones, con autonomía funcional, financiera, de tesorería y de gestión en personal.

El debate

El debate sobre el decreto ha estado más centrado en las valoraciones de cada grupo parlamentario sobre la financiación singular para Cataluña y en cómo ven las negociaciones para que pueda ser una realidad. Desde ERC, Albert Salvadó, ha respaldado el decreto como «un primer paso para la transformación» de la ATC, pero ha lamentado que «llega tarde y se queda corto». Entre otras cosas porque el Partido Socialista está llevando a cabo una «renegociación a la baja».

«Ni concreción del IRPF, ni transparencia, ni límites de la solidaridad territorial», ha lamentado. En cambio, ha aprovechado la ocasión para sacar pecho, ya recordado que ERC «está haciendo el trabajo» con una proposición de ley en el Congreso para la recaudación del IRPF.

David Cid, portavoz de los Comunes, ha asegurado que es necesario que Cataluña disponga de más recursos. «Tiene todo el sentido del mundo», ha defendido durante su intervención, y ha dejado claro que se va a priorizar la lucha contra el fraude fiscal, el verdadero motivo, según él, del rechazo de las derechas. Una reflexión que también comparte la diputada de la CUP Laure Vega.

Junts, por su parte, ha optado por la abstención al considerar este decreto como un mero «parche». Antoni Castellà ha recriminado que el anuncio de julio en la Comisión Bilateral con el Gobierno de un nuevo modelo de financiación que será singular para Cataluña, «ha quedado en nada» y ha acusado a la Moncloa de «levantar la camisa» a ERC. El diputado de Junts ha defendido la idea del concierto económico y ha asegurado que «formar parte de España es un mal negocio».

Las críticas más contundentes han venido de la mano del PP y de Vox. La diputada popular Lorena Roldán ha anunciado que estudiarían recurrir el decreto ante el Tribunal Constitucional. También ha defendido que la Agencia Tributaria es «una de las mejores administraciones» del Estado y ha acusado al gobierno de Illa de querer «fragmentarla», lo que generará «un agujero de millones de euros» en la recaudación, además de que «aplana el camino para otro golpe del separatismo».

Joan Garriga, de Vox, ha calificado el decreto de «un paso más hacia un golpe de Estado 2.0» y ha denunciado la «complicidad vergonzosa» del PSC, al que ha calificado de «partido separatista». Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, considera que la financiación singular son solo «migajas» para Cataluña, además de que supone un «juguete envenenado».