La «ONG del catalán» celebra que las denuncias lingüísticas han crecido un 600% desde el procés

Plataforma per la Llengua ha hecho público su informe anual de reclamaciones lingüísticas con un tono triunfalista. La organización nacionalista presume de haber atendido 2.902 quejas durante 2024, un incremento del 635% respecto a las 395 que gestionaba en 2016, justo antes del estallido independentista. Según informa Racó Català, solo en el último año el volumen de denuncias creció un 25%.

La entidad, que se autodefine como defensora de los «derechos lingüísticos», presenta estas cifras como reflejo del supuesto «malestar» de los catalanohablantes. Sin embargo, los propios datos revelan un patrón ideológico muy definido: nueve de cada diez reclamaciones proceden de Cataluña, territorio que representa únicamente el 55% de la población del ámbito lingüístico catalán en España.

La desproporción resulta llamativa. En la Comunidad Valenciana y Baleares, donde la conflictividad identitaria es menor, apenas se registran denuncias. La propia organización justifica esta diferencia argumentando, según recoge Racó Català, que en Cataluña «el nacionalismo catalán ha otorgado a la lengua valor como elemento central de identidad colectiva», mientras que en otros territorios «el supremacismo castellano ha tenido menos oposición».

Los bares y restaurantes concentran la mayor parte de las quejas del sector privado: uno de cada cuatro casos. La sanidad pública catalana también acumula un volumen creciente, representando cuatro de cada diez reclamaciones contra la Generalitat. La mayoría de denuncias se refieren a la atención oral, es decir, conversaciones donde el empleado no usa catalán de forma prioritaria.

Un dato revelador que destaca Racó Català es el perfil del denunciante: seis de cada diez son hombres. La propia entidad reconoce no tener claro el motivo, aunque el patrón se mantiene invariable año tras año.

Plataforma per la Llengua ofrece asesoramiento y asistencia jurídica en casos que considera estratégicos, transformando reclamaciones individuales en campañas de presión política. El informe dedica varios apartados a responsabilizar a la Constitución española de la situación, calificando el marco legal de «discriminatorio» y producto del «supremacismo lingüístico castellano».