Los API impulsan un «Pacto Transversal por la Vivienda» para que Cataluña deje de ser un «laboratorio legislativo»

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC) han anunciado la puesta en marcha del «Pacto Transversal por la Vivienda en Cataluña», una iniciativa que busca reunir a los principales actores sociales y económicos de esta comunidad autónoma, con el objetivo de construir una política de vivienda estable, técnica y de consenso.

Y todo ello, frente al hecho de que Cataluña se haya convertido en un «laboratorio legislativo experimental» con el que, además, está consiguiendo «un resultado contrario al deseado», en palabras de la presidenta del COAPI, Montserrat Junyent. Hay poca oferta, asegura, y mucha demanda, que aún tardará tiempo en cubrirse, entre otras cosas, porque no hay suficiente suelo finalista.

Por este motivo, entre los ejes del Pacto destacan el incremento de la oferta de vivienda, la agilización administrativa, los incentivos fiscales a propietarios que destinen pisos al alquiler, la seguridad jurídica y la colaboración público-privada.

«La crisis de la vivienda no se resuelve a corto plazo ni con una sucesión de normativas», ha advertido Junyent, aunque ha considerado razonable mantener algunas medidas como los topes de alquiler o las zonas tensionadas, no porque estén de acuerdo con ellas, sino porque considera que «no es realista», porque la administración no lo va a aceptar. Pero, como mínimo, piden que se «repiensen» estas medidas y que, si son temporales, no las alarguen de forma innecesaria.

Son cuestiones que han surgido durante un encuentro en la sede del COAPI de Barcelona, presidido por Montserrat Junyent, presidenta del COAPI y de la AIC, acompañada por Joan Franquesa, Guifré Homedes, Francesc Quintana y Carles Sala, representantes de las juntas de ambas entidades.

Junyent ha defendido la necesidad de actuar desde la sociedad civil ante la falta de acuerdos políticos: «Si los partidos no llegan a pactos, la sociedad debe asumir la responsabilidad de impulsarlos», ha afirmado. El pacto aspira a reunir colegios profesionales, organizaciones empresariales, entidades sociales, el tercer sector y administraciones locales, con el objetivo de abordar la crisis habitacional desde una perspectiva estructural y no coyuntural.

Inseguridad jurídica

Y es que, durante el encuentro, han aportado datos y reflexiones que evidencian la necesidad de un cambio de paradigma. Carles Sala, director del área jurídica de las API, ha recordado que en 2025 se prevé la venta de unas 100.000 viviendas en Cataluña, cifra cercana a las de 2007, aunque con una producción muy inferior, prácticamente un tercio de las de aquel año: «Hoy se compran viviendas que salen del alquiler o cuyos propietarios no quieren poner en ese mercado», ha alertado.

Guifré Homedes ha cuestionado la visión actual sobre los llamados grandes tenedores: «Pensar que quien tiene cinco viviendas condiciona el mercado es absurdo. Debemos analizar con rigor la realidad del sector», ha señalado.

Pero es que esta figura también ha salido a colación para destacar otro de los problemas del sector: la inseguridad jurídica. Para empezar, porque la definición de lo que se considera un gran tenedor es diferente para la Generalitat, para el Ministerio de Hacienda o para el Estado en general, e incluso dentro del propio gobierno catalán.

Según ha destacado Carles Sala, a fecha 15 de octubre, se dio el caso de que en la web de la Agencia de la Vivienda se decía que gran tenedor era el que disponía de 5 viviendas de su propiedad, contando con la de residencia habitual. En cambio, para Economía, no se tenía en cuenta la vivienda de residencia dentro de ese paquete de 5.

Y lo mismo sucede con la nueva ley que regulará los alquileres de temporada, y que el PP ha llevado al Consejo de Garantías Estatutarias. En este sentido, Sala ha pedido que, en el caso de que este organismo concluya que la Generalitat no tiene competencias para llevar a cabo esta regulación, que no lo haga, porque «nos encontraremos que este tema acabará en el Tribunal Constitucional, y dentro de 1 o 2 años, te lo anulará total o parcialmente, y volveremos a tener lío».

Por su parte, Joan Franquesa ha expresado dudas sobre la eficacia del nuevo Consejo Asesor de la Vivienda creado por el Govern, al considerar que su composición mayoritariamente pública lo hace «poco operativo».

Y Francesc Quintana ha reivindicado la necesidad de «hablar de densidad y de viviendas más pequeñas» para evitar el crecimiento de los alquileres de habitaciones o de las infraviviendas: «Estamos viendo barbaridades como dividir una sala en dos para alquilarlas por separado», ha advertido.

El Pacto Transversal por la Vivienda nace con vocación de colaborar con las administraciones, pero desde la independencia, y con el propósito de promover soluciones reales y sostenibles. «Cataluña necesita estabilidad y consenso. La vivienda no puede seguir siendo un campo de batalla ideológico, sino un proyecto compartido de país», han concluido los representantes de los API.