Dos ex consejeros de Salud irán a juicio por retrasar la vacunación de policías y guardias civiles en Cataluña

La Audiencia de Barcelona ha fijado para el 29 de junio de 2026 el inicio del juicio contra los ex responsables de Salud Alba Vergés y Josep Maria Argimon, acusados de retrasar «de forma deliberada» la vacunación contra la covid-19 de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional destinados en Cataluña durante la campaña de inmunización de 2021.

El tribunal ha programado diez sesiones entre finales de junio y el 15 de julio, en un proceso en el que la Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil) y el sindicato de la Policía Nacional (Jupol) ejercerán la acusación particular.

La Fiscalía solicita para ambos 12 años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, aunque descarta acusarlos de delitos contra los derechos de los trabajadores. El mismo castigo pide para Marc Ramentol, ex secretario general de Salud, y Adrià Comella, exdirector del Servicio Catalán de la Salud, mientras que reclama la absolución de Francesc Xavier Rodríguez, entonces director de servicios del departamento.

Por su parte, Jupol y Jucil elevan sus acusaciones y reclaman tres años de prisión, 15 años de inhabilitación y una multa de 72.000 euros para los dos ex responsables del departamento y los tres antiguos altos cargos, a los que atribuyen los delitos de prevaricación y atentado contra los derechos de los trabajadores.

Un retraso «discriminatorio»

Los hechos se remontan a marzo de 2021, cuando el Departamento de Salud ordenó detener temporalmente la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña. Según la versión oficial, la decisión respondió a las advertencias del Gobierno central sobre posibles efectos adversos de la vacuna de AstraZeneca, que motivaron una pausa en la administración a personas menores de 60 años.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los responsables catalanes «eran plenamente conscientes de que, con su decisión, discriminaban» a los cuerpos policiales estatales, ya que en ese momento solo el 2,8% de los guardias civiles y el 3,6% de los policías nacionales destinados en Cataluña habían recibido la vacuna, frente al 77% de los Mossos de Esquadra y porcentajes similares entre la Guardia Urbana, policías locales y bomberos.

La suspensión generó un conflicto institucional que llevó a Jupol y Jucil a presentar una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que acabó ordenando vacunar de forma inmediata a los agentes afectados. El proceso de inmunización se completó a mediados de mayo de 2021, cuando ya se habían vacunado más de 4.500 agentes.

Los mensajes de WhatsApp

La investigación comenzó en el Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona, pero pasó temporalmente al TSJC al mantenerse Alba Vergés aforada, como vicepresidenta del Parlament. Aunque en 2022 el alto tribunal descartó indicios suficientes contra ella, la causa se reabrió más tarde tras incorporarse mensajes de WhatsApp que, según la acusación, demostraban que la consejera estaba al tanto de la orden de paralizar la vacunación.

En esos mensajes, una asesora de Vergés comunicaba a la entonces subdirectora de Promoción de la Salud, Carmen Cabezas, que «la consejera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional» y que «no podemos argumentarlo, pero debemos hacerlo». Otros textos muestran que Cabezas alertó internamente de que esa decisión podía generar desigualdad respecto a otras comunidades autónomas y a otros cuerpos de seguridad.

El juez instructor concluyó en su auto que la decisión del Departamento de Salud fue «arbitraria, injusta y claramente discriminatoria», y que puso en riesgo la salud y la vida de miles de funcionarios policiales.

Las defensas

Las defensas de los ex responsables de Salud niegan haber cometido prevaricación y aseguran que la suspensión fue una decisión colegiada tomada con criterios sanitarios y de prudencia, en el contexto de la incertidumbre inicial sobre las vacunas de AstraZeneca. Vergés, en su declaración judicial, defendió que el plan de vacunación priorizó a los colectivos más vulnerables y que, pese a los contratiempos, «fue un éxito colectivo».

Tanto Argimon como Cabezas sostienen que eran partidarios de compaginar la vacunación por edad y por grupos esenciales, entre los que se encontraban los Mossos de Esquadra, las policías locales, la Guardia Civil, la Policía Nacional y los servicios de emergencia.