Fachada de la sede de la DGAIA
Una auditoría detecta graves fallos en el control de ayudas a jóvenes extutelados en Cataluña
La Generalitat pagó 170.000 euros indebidos por falta de verificación entre 2023 y 2024, según revela Cadena SER
Durante años, el sistema catalán de ayudas a jóvenes que salieron de centros de protección funcionó sin verificar si los beneficiarios cumplían los requisitos. Una auditoría externa encargada tras el escándalo de irregularidades documenta ahora un colapso administrativo con un coste claro: cerca de 170.000 euros perdidos en dos años solo en una muestra de medio centenar de expedientes en Gerona, según ha revelado Cadena SER.
El informe radiografía dos etapas del caos. Antes de finales de 2022, la antigua dirección general de infancia concedía mensualidades de más de 750 euros y pisos tutelados sin supervisar después qué ocurría con los receptores. Cuando se externalizó el servicio a dos fundaciones, sus profesionales descubrieron jóvenes cobrando ayudas mientras trabajaban y otros incumpliendo requisitos desde hacía meses.
Pero el cambio de modelo no solucionó el problema de fondo. Los nuevos educadores sociales realizaban seguimientos exhaustivos, incluso con contacto casi diario, pero carecían de acceso a las herramientas clave: registros de Seguridad Social, datos fiscales, información laboral oficial. «Pecaron de creerse a estos jóvenes», admiten fuentes del departamento a Cadena SER. Adolescentes que aseguraban haber trabajado un día en una feria llevaban en realidad meses con empleos estables incompatibles con la ayuda.
El documento analiza la situación en Gerona con datos contundentes. De 32 expedientes iniciados antes del cambio, 29 carecían de cualquier supervisión. Siete beneficiarios se embolsaron casi 69.000 euros mientras trabajaban. Las viviendas tuteladas acumulan incidencias cercanas a los 42.000 euros adicionales.
La auditoría no detecta fraude organizado ni señala culpables individuales. Dibuja un sistema colapsado entre sobrecarga y falta de medios. Los profesionales gestionan una media de 70 casos simultáneos, cifra que supera el centenar en algunas situaciones, según trabajadores consultados por Cadena SER. Imposible supervisar con rigor sin herramientas digitales que crucen información automáticamente.
Las prestaciones exigen tres condiciones: ingresos nulos o mínimos, haber estado bajo tutela pública el año anterior, y mantener activo un plan de inserción laboral. Requisitos claros que durante años nadie verificó contra bases de datos oficiales a las que la propia administración tenía acceso.
El informe propone ahora protocolos obligatorios de seguimiento, conexiones ágiles con Seguridad Social y Hacienda, y recuperar retroactivamente lo pagado indebidamente. Desde noviembre, una nueva estructura asume la gestión con el compromiso de corregir los fallos. Lo que queda al descubierto es un agujero en el control de prestaciones destinadas a uno de los colectivos más vulnerables, con dinero público evaporándose sin supervisión durante años.