Una trabajadora atiende a un cliente en una panadería, en una imagen de archivo
Cacería lingüística
Gerona, Lérida y Tarragona piden a Illa más recursos para multar a los comercios que no rotulen en catalán
Las denuncias se han disparado en una década: de 86 en 2014 a cerca de 1.600 el año pasado
Los ayuntamientos de Gerona, Lérida y Tarragona reclaman al gobierno de la Generalitat de Cataluña, encabezado por el socialista Salvador Illa, más recursos para poder realizar inspecciones e imponer sanciones a los comercios que no rotulen o atiendan en catalán. Así lo recoge TV3, tras hacerse público el dato de que la Agencia Catalana del Consumo (ACC) ha pasado de recibir 86 denuncias en 2014 por vulneración de «derechos lingüísticos» a cerca de 1.600 en 2024.
Un incremento exponencial que responde a una mayor movilización de los nacionalistas en este ámbito, con entidades como Plataforma per la Llengua –la autodenominada «ONG del catalán»– liderando la carga. «La lengua de competición ya no es solo el castellano, sino también el inglés, por el efecto turístico y gentrificador de otras lenguas», apuntaba a TV3 el coordinador de Empresa y Consumo de esta entidad, Xavier Dengra.
Según las cifras recogidas en este medio, Gerona ha realizado en lo que va de 2025 un total de 62 visitas a comercios sospechosos de vulnerar la normativa, de los cuales se identificó a la mitad como incumplidores. Sin embargo, el consistorio gerundés –en manos de Lluc Salellas, de la CUP– lamentó que un solo inspector no puede realizar todo el trabajo, y reclama más manos y más dinero.
409.000 euros en multas
También lo hacen sus homólogos de Lérida y Tarragona, ambos en manos de los socialistas. A falta de conocer el balance del primer año completo con Illa al frente de la Generalitat, en 2024 el gobierno catalán multó a 206 negocios por no usar el catalán, recaudando más de 409.000 euros, según las cifras del balance anual de la ACC.
Son cifras inferiores a las del año anterior, durante el mandato de ERC: en concreto, suponen, respectivamente, una caída del 23,5 % en número de negocios multados y del 19 % de la recaudación.