La victoria judicial del padre de Canet, un hilo de esperanza para otras familias acosadas por pedir más español

Era 2021. El tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) reconoció el derecho de una familia de Canet de Mar para que su hija, que estudiaba y sigue estudiando en la escuela Turó del Drac del municipio, recibiera al menos un 25 % de las horas lectivas en español.

El «problema» para esta familia, es que estas medidas judiciales llegaron solo una semana después de que se conociera la sentencia del TSJC de que se tenía que estudiar más horas en español, pero en todo el sistema educativo catalán. A ellos les estalló la bomba de relojería.

El hostigamiento empezó cuando alguien publicó de parte de la escuela, que a partir de ahora se veían obligados a impartir más clases en castellano: «Os informamos de que nuestra escuela ha sido denunciada por una familia de P5A y a raíz de ello el TSJC ha dictado que las horas lectivas en esta clase deben ser el 50 % en castellano», decía el mensaje, tras el que se desató una campaña en redes sociales en contra de la familia.

Familia que llegó a solicitar amparo al TSJC por los insultos y amenazas que estaba recibiendo, no solo de personajes conocidos y anónimos, sino también por los comentarios vertidos en un grupo público de WhatsApp que se creó tras conocerse la sentencia, y en el que se pedía que se identificara al niño y a la familia o que se aislara a la menor y se le dejara sola en clase. La Fiscalía de Barcelona abrió diligencias.

Pero también se convocó una manifestación a favor de la inmersión lingüística convocada por organizaciones independentistas, y que secundaron políticos de ERC, de Junts y de la CUP. Es más, el entonces consejero de Educación, Josep González – Cambray, se acercó hasta el centro para mostrar su apoyo a la dirección de la escuela. Pero nada, ni una sola palabra de aliento para la familia acosada.

Tan asfixiante fue la situación, que hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña requirió tanto al consejero, como a la directora de la escuela Turó del Drac, que adoptaran las medidas necesarias para «preservar la protección y la intimidad del menor» y también de su familia, así como «la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo».

«Terroristas», «colonos», «inadaptados», «nazis españoles supremacistas». Son algunos de los insultos que dedicaron en redes sociales usuarios de X, antes Twitter, a la familia. También señalaron con nombres y apellidos a los padres de la niña «para que viviera un infierno mediático». Pero no solo se lanzaron insultos, sino que también hubo mensajes en los que se hacían llamamientos para aislar a la menor y fomentar su exclusión social. Así, por ejemplo, uno de los usuarios propuso crear un grupo «P5Ñ», al que fuera sola la alumna.

Y, ahora, cuatro años después, uno de esos tuiteros ha sido condenado a dos años de prisión. Javier Pulido, el padre de Canet, en una entrevista en El Debate, explicaba, hace solos unos días, que había llevado este tema a los tribunales para «combatir» todas aquellas actitudes que suponían «un linchamiento público por pensar diferente».

De momento, ya ha ganado una batalla, aunque aún tiene que librar algunas más. En noviembre está previsto otro juicio contra un tuitero de Hospitalet, y también queda otro contra un policía independentista de Gerona y un médico forense de Barcelona. Javier se siente algo abrumado, y a última hora de este jueves aseguraba que ni siquiera había tenido tiempo para leerse la sentencia. Y no sabía exactamente qué decir.

Otros casos sin justicia

Pero antes que Javier, otras familias vivieron su particular infierno. Ahí está Ana Moreno y su familia. Ocurrió en Balaguer (Lérida). Su victoria judicial se convirtió también en pesadilla. Tras la resolución del TSJC, sufrieron «señalamiento social»: boicot a su negocio (lo tuvo que vender), aislamiento vecinal, hijos dejados de lado por compañeros, cambio de colegio y cambio de ciudad. Tal fue la presión, que decidió renunciar a la ejecución de la sentencia para preservar la tranquilidad familiar.

El defensor del pueblo catalán intervino en el caso: solicitó información a la administración sobre los hechos de acoso que referían los padres tras su reivindicación.

En Mataró, la familia de Agustín Fernández solicitó que sus hijos recibieran más clases en castellano. Y así lo ordenó el TSJC. Pero la implantación en los grupos determinados de la Escola Pía Santa Anna se aplazó por «circunstancias organizativas». También tras conocerse la resolución, se convocó una concentración de centenares de personas frente al colegio, con gritos en defensa del catalán y pancartas que exigían la inmersión. La familia denunció «incitación al odio» hacia sus hijos, pero se continuaba tensando la cuerda. Los hijos de esta familia acabaron estudiando en un colegio privado.

De ahí que la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, haya celebrado «un poco de justicia al fin. Son muchas las familias acosadas por pedir bilingüismo en Cataluña, sin que nadie pagará por ello ni en Balaguer, ni en Mataró, ni en Castelldefels». Pero también ha dejado claro que, en el caso de Canet, «el desamparo institucional y silencio de parte de la sociedad catalana fue bochornoso».