Ofensiva del PP para revertir la situación de «caos y colapso» en los servicios públicos de Cataluña

El Partido Popular de Cataluña (PPC) ha registrado una moción en el Parlament con la que pretende «poner fin al inmovilismo de Salvador Illa» y ofrecer «una alternativa seria» frente al bloqueo presupuestario que, según denuncian, mantiene paralizada la gestión de la Generalitat.

El texto, al que ha tenido acceso El Debate, constata que Cataluña ha iniciado varios ejercicios, en los últimos años, sin presupuestos aprobados a tiempo, lo que ha derivado en «efectos negativos sobre las finanzas públicas y los servicios esenciales». En concreto, el PP recuerda que los años 2013, 2016, 2018, 2019, 2021, 2024 y 2025 se han gestionado con cuentas prorrogadas, situación que, según la formación, «ha generado incertidumbre, bloqueado inversiones y deteriorado la confianza de empresas y familias».

En la moción, se acusa al gobierno de Salvador Illa de «acomodarse en la inacción» y de «sustituir su obligación de presentar presupuestos por una sucesión de suplementos de crédito», lo que «debilita la institución parlamentaria, esquiva el diálogo y proyecta la imagen de un gobierno sin dirección política».

Seis ejes

Frente a esta parálisis, el PP catalán plantea un modelo alternativo basado en seis pilares fundamentales. Por un lado, se pone encima de la mesa una reforma fiscal justa, con rebajas del IRPF autonómico para rentas medias y bajas, la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y una revisión del impuesto de patrimonio, «para poner fin al infierno fiscal que padecen los catalanes».

En el ámbito de las infraestructuras, se apuesta por el desbloqueo de proyectos estratégicos paralizados, como la B-40 y el centro recreativo Hard Rock de Vila-seca y Salou, considerados «esenciales para la movilidad, el empleo y la competitividad». También se pide un refuerzo de los servicios públicos, con medidas para reducir las listas de espera sanitarias, mejorar la atención primaria, garantizar la libertad educativa y reforzar la atención a la dependencia.

Otro de los pilares consiste en un plan de austeridad y eficiencia administrativa, que revise estructuras duplicadas y reduzca altos cargos, destinando los recursos liberados a mejorar los servicios públicos. También se pone énfasis en el fomento de la actividad económica y el empleo, simplificando trámites, reduciendo la burocracia y apoyando la contratación juvenil, la inserción de la mujer en el mercado laboral y la digitalización de las pymes.

Y otro de los ejes está dedicado a la vivienda, uno de los principales problemas en Cataluña. En este sentido, los populares apuestan por una política de vivienda eficaz, centrada en aumentar la oferta y reforzar la seguridad jurídica, promoviendo la colaboración público-privada, la rehabilitación de viviendas y la lucha contra las ocupaciones ilegales.

La moción insta además al Govern a presentar los presupuestos de 2026 con la máxima celeridad, para que entren en vigor antes del 1 de enero y «devuelvan la planificación, la estabilidad y la credibilidad a las instituciones catalanas».

Desde el Partido Popular sostienen que «Cataluña no puede seguir secuestrada por un gobierno que se ha rendido ante la parálisis», y que su propuesta busca «reactivar la economía, generar empleo y recuperar la confianza de los catalanes en la gestión pública».

Sobre posibles apoyos para sacar adelante la moción, confían en que «los partidos que dicen querer desbloquear Cataluña actúen en coherencia y no sigan sosteniendo el desgobierno actual».

Bloqueo de las cuentas

Lo cierto es que todo apunta a que en Cataluña se van a volver a prorrogar los presupuestos, porque las negociaciones entre el gobierno de la Generalitat, con ERC y los Comunes, parecen no avanzar.

Sí se han dado algunos pasos con esta última formación, porque el Govern ha aprobado en los últimos días algunas de sus exigencias en materia de vivienda, como la unidad antidesahucios o reactivar el registro de grandes tenedores. También quieren que se regule el alquiler de temporada, aunque para eso, van a tener que esperar porque el Partido Popular, precisamente, ha llevado esta cuestión al Consejo de Garantías Estatutarias.

Por parte de ERC, se exige que se resuelva la financiación singular de Cataluña, es decir, el cumplimiento de los pactos en materia financiera acordados con el Estado antes de sentarse a negociar las nuevas cuentas o cualquier otra cuestión.

De hecho, el propio ejecutivo catalán ha reconocido que, aunque ya se fijó el techo de gasto para 2026 (unos 40.524 millones de euros, un aumento del 3,3 % respecto al de 2025), todavía no han comenzado las negociaciones formales con ERC y los Comunes.

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha repetido por activa y por pasiva que el objetivo es que las cuentas entren en vigor el 1 de enero de 2026, pero ha admitido que no ha fijado aún un calendario, y tampoco van a hacer batalla de eso, porque es mejor tener «unos buenos presupuestos, que aprobarlos lo antes posible». Una situación que confirma la percepción de «inmovilismo» que denuncia el PP catalán.