Los pescadores catalanes, en pie de guerra por las limitaciones abusivas impuestas desde Bruselas

Las negociaciones que se están desarrollando en Bruselas para decidir las cuotas de pesca y los días de actividad permitidos en el Mediterráneo para 2026 están provocando una ola de preocupación en Cataluña. La propuesta actual de la Comisión Europea plantea un escenario de recorte drástico en los días de pesca permitidos, que podría situar la actividad en mínimos históricos, unos 9,6 días de media por barco al año si no se adoptan medidas compensatorias y que, de aprobarse en los términos actuales, podría poner en riesgo la continuidad de la flota y la economía de muchas localidades costeras catalanas.

La flota mediterránea catalana, integrada mayoritariamente por embarcaciones de pequeña y mediana escala, ya opera en un equilibrio delicado tras años de restricciones y cambios obligatorios en sus artes de pesca. La posibilidad de reducir de forma tan severa los días de trabajo, según el sector, por debajo de lo operativamente viable, podría provocar una pérdida significativa de ingresos y acelerar el abandono de la actividad.

Los pescadores no descartan desobedecder

Las cofradías advierten de que una reducción de esta magnitud «haría imposible mantener activos los barcos, los puestos de trabajo y la cadena económica que sostiene a los pueblos costeros».

Desde la Federación de Cofradías de Pescadores de Cataluña han advertido que no aceptarán una propuesta que no sea «coherente» con la viabilidad del sector y que respete los niveles de actividad alcanzados el año pasado, cuando los pescadores lograron alrededor de 130 días de pesca gracias a medidas compensatorias negociadas con la UE.

Su presidente, Antoni Abad, ha subrayado que la flota catalana «no aceptará nada que no sea tener más de los días de pesca que consiguió el año pasado» y no descarta acciones de desobediencia si la propuesta final no garantiza una actividad sostenible que permita a las embarcaciones y sus familias trabajar sin poner en riesgo su supervivencia económica.

Los pescadores han dejado claro que ese recorte pondría en jaque no solo la actividad de las embarcaciones, sino también la estructura socioeconómica de las comunidades costeras, que dependen de una pesca viable para sostener empleos e ingresos.

Por otro lado, el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, también ha advertido que Cataluña «se lo juega todo» en estas negociaciones y ha calificado el planteamiento actual de Bruselas como «incompatible con la supervivencia del sector».

En este sentido, ha defendido que las medidas ya adoptadas por la flota mediterránea, como restricciones voluntarias, mejoras en selectividad y la transición hacia un modelo de pesca más sostenible, deben tener un reflejo claro en las posibilidades de pesca del próximo año. Por este motivo, pide un acuerdo «justo y razonable», que permita proteger los recursos marinos sin condenar a la flota a la inactividad.

Y es que el riesgo no es únicamente para los pescadores. Una reducción de esas características afectaría a las lonjas, que dependen de volúmenes constantes para mantener su actividad; al tejido distribuidor, especialmente en mercados como Mercabarna, donde el producto local juega un papel esencial; y al consumo, ya que la caída de la oferta local puede provocar alzas de precio y más dependencia de producto importado.

En cualquier caso, los próximos días serán decisivos. España ha pedido un consenso mayor entre los Estados mediterráneos y medidas compensatorias realistas que permitan mantener la actividad sin renunciar a la protección del ecosistema. Mientras tanto, desde Cataluña se deja claro que la flota no sobrevivirá a un recorte que no tenga en cuenta la realidad económica, social y ambiental del territorio.