La consejera de Salud reconoce que faltan psiquiatras o anestesiólogos pero defiende la imposición del catalán

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha admitido que el sistema sanitario catalán sufre una carencia de especialistas en áreas clave como la medicina de familia, la anestesia o la psiquiatría, mientras reafirma la exigencia del catalán como condición para ejercer en la sanidad pública, aunque con un plazo de un año para que los médicos que lleguen puedan aprenderlo. La responsable de Salut ha defendido además la introducción de sistemas mixtos de incentivos salariales y ha negado que las urgencias estén colapsadas, pese a las denuncias sindicales y a los datos de elevadas bajas laborales en Cataluña.

Pané ha reconocido que en el sistema público catalán no faltan médicos «desde un punto de vista cuantitativo», pero sí «cualitativo», al admitir que en especialidades como medicina familiar, anestesia o psiquiatría «necesitaríamos más médicos de los que tenemos». Esta falta de profesionales se agrava en las zonas alejadas de las grandes conurbaciones, donde resulta más difícil cubrir plazas y guardias, pese a que en algunos casos se han incrementado de forma notable las retribuciones por estas.

En el programa ‘Cafè d’idees’ de La 2 Cat, Pané ha reiterado que el Departament de Salut exige el catalán para ejercer como médico en Cataluña y ha explicado que se concede un plazo de un año a los profesionales para que puedan aprender la lengua. La consellera sostiene que el conocimiento del catalán es «fundamental» para la comunicación con los pacientes y ha insistido en que los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos en catalán, castellano o aranés, a la vez que se ofrecen programas de formación lingüística para el personal recién llegado.

Pané ha defendido la combinación de distintos sistemas de incentivos para mejorar las condiciones laborales y retributivas de los profesionales sanitarios, más allá del modelo puramente salarial vigente. Ha puesto como ejemplo fórmulas utilizadas en otros países, como el pago por volumen de pacientes atendidos o sistemas capitativos basados en la población asignada, y ha abierto la puerta a que algunos centros prueben voluntariamente estos modelos.

La consellera ha rechazado, sin embargo, la demanda de parte del colectivo médico de disponer de un estatuto propio y ha considerado «bueno» mantener un marco común para todos los profesionales sanitarios, remitiendo las reivindicaciones a las mesas colectivas de negociación. Este planteamiento ha generado críticas en organizaciones médicas, que consideran insuficiente la respuesta ante la sobrecarga asistencial y la dificultad para fidelizar especialistas.

Preguntada por la campaña en los centros de atención primaria para fomentar un uso responsable de las bajas laborales, Pané ha recordado que la incapacidad temporal supone en Cataluña en torno al 1% del PIB y que la comunidad se sitúa entre las primeras de España en índices de absentismo por enfermedad común. Cataluña registra alrededor de 47 bajas por cada 1.000 trabajadores, unos 15 puntos por encima de Madrid, lo que supone miles de millones de euros en costes anuales, según estudios empresariales citados por la Conselleria.

En paralelo, la responsable de Salut ha negado que las urgencias de los centros sanitarios catalanes estén colapsadas, pese a una denuncia sindical por saturación en el Hospital del Mar, que la Conselleria asegura no haber recibido formalmente. Pané ha atribuido estas denuncias a una búsqueda de notoriedad por parte de algunos sindicatos y ha subrayado que el sistema, aunque tensionado, continúa atendiendo la demanda urgente.