La otra cara de la ley LGTBI catalana: impone cláusulas de género para acceder a contratos públicos y becas

El Parlamento de Cataluña ha aprobado la reforma de la Ley 11/2014 de 10 de octubre para garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, que es una actualización de la normativa que desde hace más de una década regula la protección de los derechos de las personas LGTBI en esta comunidad autónoma.

Pero ahora, y con esa reforma, se pretende ir más allá, y por este motivo se amplía el alcance de las medidas contra la discriminación y sitúa a las administraciones públicas como agentes activos en la promoción de la igualdad, especialmente a través de la contratación pública, las subvenciones y el régimen sancionador.

La modificación ha podido salir adelante gracias a los votos del PSC-Units, Junts, ERC, Comunes y la CUP, mientras que PP, Vox y Aliança Catalana la han rechazado. Los impulsores de la reforma justifican esa actualización para garantizar la igualdad de trato y la no-discriminación, además de hacer efectivo «el derecho a la libre autodeterminación de la identidad» y también de la expresión de género. Y todo ello, apuntan, en un contexto en el que están aumentando los discursos de odio.

Puntos clave de la ley

Uno de los ejes centrales de la reforma es el endurecimiento del régimen sancionador. El nuevo texto amplía el catálogo de infracciones y eleva de forma significativa las multas, que podrán oscilar entre los 300 y los 500.000 euros, en función de la gravedad de los hechos. La ley distingue entre infracciones leves, graves y muy graves, incorporando nuevos supuestos relacionados con el discurso de odio, la discriminación reiterada o el incumplimiento de las obligaciones legales por parte de empresas y entidades. Con ello, el legislador busca dotar a la norma de una mayor capacidad disuasoria y alinearla con otras leyes recientes de igualdad de trato.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que la reforma introduce también cambios relevantes en el ámbito de la contratación pública. A partir de ahora, las administraciones catalanas estarán obligadas a incorporar cláusulas sociales vinculadas a la igualdad y a la no discriminación de las personas LGTBI en las bases de los contratos que liciten.

Estas cláusulas deberán promover condiciones laborales inclusivas y prevenir situaciones de discriminación en las empresas adjudicatarias. Aunque la ley no concreta el contenido exacto de estas exigencias, sí establece su carácter obligatorio, lo que supone un paso más allá del enfoque anterior, basado principalmente en recomendaciones y planes voluntarios.

En paralelo, la norma refuerza la incorporación de la perspectiva LGTBI en las subvenciones, becas y ayudas públicas. Las bases reguladoras de estas convocatorias deberán incluir criterios específicos de igualdad y prever mecanismos de evaluación y seguimiento para comprobar su cumplimiento.

El objetivo es garantizar que los recursos públicos no solo no contribuyan a situaciones discriminatorias, sino que actúen como palanca para fomentar la diversidad y el respeto a los derechos del colectivo LGTBI en los ámbitos social, cultural, educativo y económico.

La ley actualizada incorpora además otras novedades destacadas. Entre ellas, la inclusión explícita de las personas intersexuales dentro del ámbito de protección, reforzando su reconocimiento jurídico. También se establece la obligación de crear espacios de memoria democrática del movimiento LGTBI, con especial atención a colectivos históricamente invisibilizados, como las lesbianas y las personas trans. Asimismo, se crea la Red de Servicios de Atención Integral (SAI), concebida para coordinar los servicios de información, atención y acompañamiento a las personas LGTBI en todo el territorio catalán.

Y dentro del ámbito administrativo, también se insta al Govern a regular los mecanismos que sean necesarios para que las personas trans «puedan disponer de documentación administrativa adecuada», mientras no se acaban de concretar los cambios que serían necesarios a nivel nacional.

Por todo ello, desde el PP han advertido que dejan la puerta abierta a presentar recurso contra algunos artículos de esta ley al Tribunal Constitucional. Aseguran los populares que no se puede favorecer un colectivo por encima de otros, porque lo que se estaría provocando es un «agravio comparativo». Defienden en el partido que hay que preservar el derecho a la intimidad y no aceptar «injerencias» en la vida de las personas.

Las entidades LGTBI consideran que la reforma es un paso decisivo para blindar derechos y hacer frente a la LGTBfobia desde una perspectiva integral. A su juicio, la combinación de sanciones más severas, obligaciones claras para empresas y administraciones, y políticas públicas activas refuerza el papel de Cataluña como referente en la defensa de la diversidad sexual y de género.