Cataluña tramita 65 expedientes sancionadores por incumplir la ley de vivienda autonómica

La Generalitat de Cataluña tiene actualmente en tramitación 65 expedientes sancionadores por posibles incumplimientos de la ley de vivienda, relacionados tanto con irregularidades en los anuncios de alquiler como con la superación del tope de precios en las zonas declaradas como mercado tensionado.

Así lo ha explicado este martes la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque. Del total de expedientes abiertos, 35 corresponden a deficiencias en la información previa que debe constar en los anuncios o en la firma de contratos, y están siendo gestionados por la Agencia Catalana de Consumo. Los otros 30 se refieren al incumplimiento de los límites de precio del alquiler y dependen de la Agencia de la Vivienda de Cataluña.

Paneque ha respondido, de este modo, a las demandas de los Comunes, que han reclamado al ejecutivo catalán un mayor impulso del régimen sancionador como condición para negociar los Presupuestos de 2026. La consejera ha asegurado que el Govern comparte la preocupación, pero ha recordado que estos procedimientos requieren plazos y garantías administrativas.

Según ha señalado, en las próximas semanas algunos de estos expedientes podrían resolverse, con la imposición de sanciones si así corresponde. En este sentido, ha remarcado que el Govern quiere trasladar un mensaje claro de cumplimiento de la normativa: quien la incumpla debe afrontar las consecuencias previstas en la ley.

En paralelo, Paneque ha avanzado que el grupo de expertos creado junto a los Comunes para estudiar la limitación de las compras especulativas de vivienda finalizará sus trabajos la próxima semana. Posteriormente, el Govern analizará el encaje de las propuestas, que se plantean como medidas temporales y circunscritas a zonas de mercado tensionado.

Por otro lado, la portavoz del Govern se ha referido al reciente acuerdo para aumentar la tasa turística, alcanzado con ERC y los Comunes, y ha expresado su satisfacción por el consenso logrado, aunque ha evitado concretar el impacto recaudatorio hasta que los ayuntamientos definan su margen de aplicación.