Los funcionarios de las prisiones catalanas tendrán la categoría de agentes de la autoridad

El pleno del Parlament de Cataluña ha aprobado este jueves una proposición de ley que reconoce al personal funcionario y directivo de las cárceles en la comunidad autónoma como agentes de la autoridad. Se trata de una proposición de ley impulsada por el PSC que ha contado con un amplio respaldo: además de los socialistas, han votado a favor Junts, PP, Vox y Aliança Catalana, sumando 103 votos.

Solamente se han opuesto los partidos situados más a la izquierda en el arco parlamentario; esto es, ERC, los Comunes y la CUP. También se han aprobado las dos enmiendas presentadas por Junts, mientras que las propuestas por el PP y por Vox se han rechazado.

La nueva ley modifica un decreto de 1997 y busca «dar seguridad y protección jurídica» a las responsabilidades que ejercen estos colectivos, ya que la figura de agente de la autoridad «comporta una especial protección en el ámbito penal» ante incidentes que comprometen la integridad física de los afectados y el desarrollo de los servicios públicos.

También equipara el personal de los centros penitenciarios con «otros colectivos susceptibles de sufrir daños materiales y personales» durante el ejercicio de sus funciones, como los agentes de Mossos d'Esquadra, y reconoce expresamente la obligación de la Generalitat de indemnizar a estos trabajadores por lesiones o daños materiales sufridos debido a sus funciones de régimen interior.

Esta semana, precisamente, se hizo público el dato de que las agresiones a trabajadores penitenciarios en Cataluña volvieron a crecer en 2025. Así lo confirmaba el informe elaborado por Marea Blava, que asegura que se trata de una realidad «endémica y consolidada» y que cifra en 699 los funcionarios de prisiones agredidos físicamente el año pasado, un 26% más que en 2024.

La oposición de la izquierda

Tanto ERC como los Comunes, que ejercen de facto como socios del gobierno de Salvador Illa durante esta legislatura, han presentado una enmienda a la totalidad, que ha sido rechazada. La diputada republicana Ana Balsera ha advertido a los socialistas que si quieren «mantener» la mayoría de la investidura «no van bien» votando junto a la derecha.

Por su parte, el diputado de los Comunes Andrés García Berrio ha opinado que esta reforma «va en contra de la naturaleza de cuerpo no policial» de los funcionarios de prisiones y puede comportar «consecuencias negativas» en el día a día de los centros penitenciarios. Xavier Pellicer, de la CUP, ha asegurado que este reconocimiento «generará más impunidad y vulneraciones de derechos».

La diputada del PSC Judit Alcalá ha defendido la necesidad de esta reforma, y ha asegurado que «no va de autoritarismo, castigo ni discursos fáciles», sino de garantizar que los responsables del «orden y convivencia» en las cárceles tengan las «reglas y protección necesarias».