La UDEF investigó por «actividades delictivas» a la red salpicada por el escándalo de la DGAIA en Cataluña

Según adelanta El Món, la UDEF investigó a Plataforma Educativa —matriz de Resilis y Mercè Fontanilles, piezas clave del entramado que gestiona recursos para menores tutelados y extutelados— por «posibles actividades delictivas» en subvenciones públicas vinculadas a un proyecto de cooperación con Marruecos financiado por la Diputación de Barcelona. Al mismo tiempo, la Sindicatura de Comptes y la comisión de investigación del Parlament han destapado nuevas irregularidades en un servicio prorrogado de la antigua DGAIA, en un contexto de agujero millonario en ayudas y fuerte externalización de la protección de la infancia.

Según adelanta El Món, la UDEF analizó una subvención de 67.391 euros concedida a Plataforma Educativa para el proyecto «Incuba – Marroc – Incubadora d’Empreses Innovadores i Creatives», y detectó deficiencias formales, falta de documentación y resultados poco acreditables, hasta el punto de advertir de posibles delitos y pedir un análisis más amplio de los expedientes. Ese informe se integró en la llamada 'operación Estela', que acabó archivada por la Audiencia Provincial, sin disipar por completo las dudas sobre el uso de fondos públicos en el entramado de Plataforma Educativa, Resilis y Mercè Fontanilles.

En paralelo, la Sindicatura de Comptes ha alertado en el Parlament de una nueva irregularidad en el servicio externalizado de seguimiento y valoración de la prestación económica para jóvenes extutelados (SEVAP), gestionado por la UTE Fontanilles-Resilis y prorrogado por Drets Socials hasta 2026 por 556.916 euros, pese a que Resilis sigue investigada por Antifraude. La síndica Maria Àngels Cabasés ha denunciado la falta de control riguroso y ha señalado expedientes en los que no consta que jóvenes que ya trabajan siguieran cobrando ayudas, lo que refuerza la sospecha de pagos indebidos.

Los informes de la Sindicatura cifran en 167 millones de euros las prestaciones indebidamente abonadas entre 2016 y 2024, con 4,7 millones ligados a jóvenes extutelados, y alertan de una externalización «excesiva» muy concentrada en pocas entidades privadas, como ya había avanzado L’Alternatiu al recordar las sombras sobre proyectos en el extranjero financiados con dinero público. En la comisión de investigación, partidos de la oposición como Vox subrayan la combinación de mala gestión, falta de control y entramado subvencionado, y exigen responsabilidades políticas y una revisión profunda del modelo para garantizar que el interés superior del menor prevalezca sobre cualquier estructura clientelar o ideológica.