Cataluña destinará más de 15 millones para extender las políticas LGTBI en los ayuntamientos

La Generalitat de Cataluña destinará más de 15 millones de euros a «consolidar y ampliar» la Red de Servicios de Atención Integral LGBTI+ de Cataluña (RSAIL) por los ayuntamientos de la comunidad. En concreto, serán 15.281.681 euros, incluidos en los 92 millones comprometidos por el gobierno catalán para «desplegar políticas de igualdad» en el territorio, gracias a un nuevo acuerdo marco firmado esta semana con la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Federación de Municipios de Cataluña (FMC).

Según informan desde la ACM en un comunicado, la RSAIL se dirige «a personas que sufren, han sufrido o se encuentran en riesgo de discriminación o violencia por motivos de orientación sexual, identidad de género o expresión de género». Los más de 15 millones destinados a este área, además, servirán para «promover políticas públicas con perspectiva LGTBI+», destacan.

Con este dinero también se prevé materializar uno de los puntos fijados por la polémica nueva Ley LGTBI catalana –recientemente aprobada en el Parlament–, que insta a «crear redes sociocomunitarias de apoyo entre iguales, en colaboración con las entidades y los espacios de los colectivos LGTBI de cada territorio». Además, con estos recursos se podrá financiar hasta el 25 % de «actividades y/o campañas de sensibilización en el ámbito LGTBI+», así como «la posibilidad de realizar formación en centros educativos».

El resto del presupuesto se reparte en: 8,3 millones para atención a mujeres en situaciones de violencia machista; 45,9 millones para los Servicios de Información y Atención a las Mujeres; 15 millones para «garantizar una Red de Profesionales de Igualdad en los Trabajos territorializada y estable», y 7,2 millones para llevar el «enfoque antirracista» a los municipios más pequeños.

Una mirada «integral»

Todo ello queda incluido como uno de los cinco ejes de actuación del nuevo Acuerdo Marco 2026-2029 entre el Departamento de Igualdad y Feminismo de la Generalitat y las entidades municipalistas citadas. Según la ACM, el pacto «permite reforzar una mirada integral, preventiva y garantía de derechos», ya que incorpora aspectos como una línea específica de «derechos humanos, no discriminación y lucha contra los discursos de odio».

La consejera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, asegura que la proximidad es «un elemento clave» en las políticas de igualdad, y señala que el Acuerdo Marco «refuerza el papel de los ayuntamientos y consejos comarcales». Por su parte, la presidenta del ACM, Meritxell Budó –de Junts, alcaldesa de La Garriga– destaca que el pacto «aporta estabilidad, financiación y planificación plurianual» a unas políticas «esenciales para garantizar la igualdad».