Hamid, en el centro, durante la rueda de prensa en la que presentaron el caso
Vivienda
Cataluña multa a una inmobiliaria por «racismo» al no querer alquilar un piso a un marroquí
El gobierno catalán ha impuesto por primera vez una sanción por «racismo inmobiliario», de 10.001 euros
La Generalitat catalana ha sancionado con 10.001 euros a una agencia inmobiliaria, alegando que no alquiló una vivienda a Hamid, un vecino de Mataró (Barcelona) de nacionalidad marroquí, por «racismo». Lo anunció este lunes el Observatorio Desca (OD), que ha acompañado a Hamid durante el proceso.
El denunciante había denunciado hasta a 13 agencias inmobiliarias con la misma acusación: asegura que no le quisieron arrendar un inmueble por su origen, a pesar de cumplir con los requisitos.
La mayoría de estas denuncias se archivaron tras varios trámites burocráticos, pero la labor de OD consiguió que la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación (OITND) de la Generalitat abriese en septiembre de 2025 los primeros expedientes administrativos sancionadores contra casos de racismo inmobiliario producidos de forma encubierta por parte de agencias inmobiliarias.
En el caso que finalmente ha acabado en sanción, Hamid pidió información de un piso a principios de 2024. La agencia le dijo que ya estaba alquilado, pero cuando Hamid pidió a un compañero de trabajo que hiciera la misma solicitud, la empresa dijo que el piso seguía disponible, le detalló los requisitos económicos necesarios para poder alquilar la vivienda y concertó una visita al inmueble.
A la visita finalmente acudió Hamid para recibir una explicación sobre el trato desfavorable, preguntando si se debía a que los propietarios no querían personas de origen marroquí.
La resolución de la OITND, según recoge EFE, reconoce que los hechos denunciados consisten en un caso de discriminación en el acceso a la vivienda por motivos étnico-raciales o por origen. La OITND ha sancionado a la inmobiliaria en cuestión y le ha prohibido recibir ayudas y subvenciones públicas, así como realizar contratos con la Generalitat durante un año.
Para el PP, «una vergüenza»
El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, se ha referido este martes a este asunto, tildando de «despropósito» la multa de 10.001 euros a la empresa. «Esto es una vergüenza para Cataluña. ¿Por qué un Gobierno tiene que decirle a un propietario a quién debe alquilar un piso?», ha lamentado.
«Los propietarios deben alquilar los pisos a quien quieran. Esto es la libertad», ha recalcado Fernández, que ha asegurado que el PP está «a disposición de todos los pequeños propietarios de Cataluña para defenderlos ante un Gobierno sectario que está coartando la libertad y el derecho a la propiedad de muchos catalanes».