El Gobierno catalán premiará a los CAP que eviten que las bajas laborales se alarguen demasiado

La propuesta del Departamento de Salud para incentivar a los equipos de atención primaria que reduzcan la duración de las bajas laborales mediante diagnósticos más rápidos ha desencadenado un profundo debate entre administración, profesionales sanitarios, sindicatos y organizaciones empresariales. El proyecto, aún en fase piloto y voluntaria, pretende optimizar la gestión de las incapacidades temporales, pero ha reactivado un debate estructural sobre los límites entre eficiencia, independencia clínica y presión económica.

Según el Govern, la iniciativa se enmarca en el convenio 2025-2028 firmado con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y parte de un principio defendido por la administración: no se trata de reducir bajas, sino de ajustarlas al tiempo estrictamente necesario desde el punto de vista médico.

El sistema prevé detectar procesos que superen los plazos previstos y activar mecanismos de desbloqueo, como pruebas diagnósticas prioritarias, derivaciones a especialistas o coordinación asistencial. Si tras 45 días no existe diagnóstico ni tratamiento, el caso se revisaría.

El foco se sitúa en patologías osteoarticulares y trastornos de salud mental, responsables de la mayor parte de jornadas de incapacidad temporal. Según el departamento, muchas bajas se prolongan no por la gravedad clínica, sino por demoras organizativas o listas de espera.

Incentivos ligados a resultados

Uno de los puntos más controvertidos es el componente económico. La consejería sostiene que los incentivos no premiarán altas médicas rápidas, sino mejoras estructurales en los centros: circuitos asistenciales más ágiles, reducción de esperas o herramientas de seguimiento.

Estos incentivos forman parte de los objetivos de resultados del CatSalut y pueden condicionar hasta el 5 % de los recursos adicionales de cada CAP, sin afectar al presupuesto base. Salud insiste en que los indicadores se fijan bajo criterio clínico y con evaluaciones periódicas antes de ampliar el modelo.

Y ahí es donde surge el conflicto: cuando un indicador administrativo entra en la consulta, el margen clínico deja de ser percibido como totalmente independiente, aunque formalmente lo siga siendo.

Por este motivo, los sindicatos han rechazado de plano esta iniciativa. CCOO y UGT exigen la retirada inmediata de la medida al considerar que vincular financiación a indicadores de bajas puede presionar decisiones clínicas y desviar la atención de los déficits estructurales del sistema sanitario.

Sostienen que el problema no es un exceso de bajas, sino la falta de recursos y prevención laboral. Aseguran que el 52 % de las incapacidades en Cataluña duran tres días o menos y recuerdan que, según sus datos, el 90 % de las empresas no han evaluado los riesgos psicosociales.

El sindicato profesional Metges de Catalunya va más allá y alerta de que introducir incentivos económicos «puede romper la confianza entre médico y paciente» y vulnerar la deontología médica. También denuncia déficits estructurales, como plantillas insuficientes de psicólogos clínicos y esperas de hasta 60 días para una primera visita en salud mental.

El argumento empresarial

La patronal de la pequeña y mediana empresa, Pimec, respalda la iniciativa y la vincula a un problema estructural. Según su último informe, las horas perdidas por trabajador pasaron de 3,8 mensuales en 2013 a 8 en 2025, lo que supone un aumento del 170,8 %, y la incapacidad temporal representa ya el 76,7 % del absentismo, con un impacto económico equivalente al 10,5 % del PIB catalán en términos de coste de oportunidad.

La entidad atribuye parte del incremento a retrasos asistenciales, como esperas medias de 24,6 días, y al fuerte crecimiento de bajas por salud mental, que se han disparado un 192 % en una década.

Y, el debate, cómo no, también ha saltado al parlamento catalán. Esquerra Republicana, Comunes y CUP han solicitado la comparecencia de responsables de Salud y Trabajo para que expliquen criterios, objetivos e impactos de la propuesta. También piden que comparezca el FoCAP (Foro Catalán de Atención Primaria) y reclaman una rectificación por parte de la consejería, al considerar que la medida desplaza el foco desde la salud hacia el control del gasto. La polémica se suma a la interpelación parlamentaria dirigida a la consejera Olga Pané sobre la reducción de bajas en patologías osteomusculares y mentales.

Así está ahora mismo el tablero, teniendo en cuenta que el Govern defiende que actuar antes reduce cronificaciones y mejora la recuperación del paciente. Los sindicatos temen que se introduzcan incentivos economicistas en decisiones clínicas y las empresas sostienen que agilizar diagnósticos beneficia tanto a trabajadores como a productividad.