El informe encargado por Illa para prohibir la compra de pisos para invertir abre una puerta peligrosa

A finales de 2025, el Plan Estratégico del Área Metropolitana de Barcelona –ente que tiene una comisión ejecutiva encabezada por Janet Sanz, mano derecha de Ada Colau–, presentó un informe encargado al abogado Pablo Feu para que este avalara que se puede restringir la compra de viviendas. En concreto, el objetivo era limitarla solo a inmuebles para vivir e impedir que a los mismos pueda dársele usos de alquiler o la mera inversión.

Tras la presentación de este estudio, con una conclusión preconcebida, desde los Comunes se puso como condición al gobierno de Salvador Illa para poder avanzar en la negociación de las cuentas de la Generalitat que se realizará un estudio… sobre lo que el Plan Estratégico Metropolitano ya había estudiado.

Obviamente, el PSC cedió gustoso a la petición de los neocomunistas de los Comunes y encargó un informe, en el que ha participado el mismo Pablo Feu, que ya firmó el anterior bajo tutela de la líder de los Comunes. Asimismo, la Generalitat ha añadido el dictamen emitido por Fuensanta Alcalá, una alta funcionaria del Ayuntamiento de Barcelona al frente del departamento de sanciones en materia residencial.

También está el de Jaime Palomera, uno de los fundadores del llamado «sindicato de arrendatarias» (Sindicat de Llogateres), una organización radical que apoya la okupación y escrachea a propietarios y empresas.

Para completar el póker de informes, la Generalitat encargó un papel al exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver i Pi-Sunyer. Viver fue el máximo responsable del Consell de la Transició Nacional, un ente impulsado por Artur Mas que tenía por objetivo dar legalidad a la separación unilateral de Cataluña. No es preciso, por tanto, recordar el éxito de su trabajo.

«Zonas tensionadas»

Los informes presentados pretenden dar marco legal y argumentos para restringir la compra de viviendas en las llamadas «zonas tensionadas», que en realidad son la práctica totalidad de la trama urbana de los municipios catalanes.

Según los informes, es perfectamente posible impedir que una vivienda sea comprada en esas zonas si el fin de dicha compra no es para que el comprador resida en ella. Diversos expertos consultados por El Debate señalan que esta medida es anticonstitucional, al afectar a la libertad de mercado y al derecho individual, dado que restringe el uso de una propiedad privada. Asimismo, estos exertos señalan que la medida abriría una peligrosa puerta a otras restricciones, como la expropiación arbitraria.

La medida podría avanzar en el parlamento autonómico catalán, dado que los Comunes tienen presentada una proposición de ley en esta línea. Si la misma recibe el voto favorable del PSC y ERC, el Parlament aprobaría una ley que en la práctica acabaría con el mercado inmobiliario en Cataluña.

Las medidas de corte intervencionista están llevando a Cataluña al colapso inmobiliario. Solo en la ciudad de Barcelona las viviendas visadas en 2025 han caído un 20,15 % en relación al año anterior, y el dato es aún más dramático en Barcelona, ciudad donde la caída es del 39,22 %. Con solo 1.195 viviendas visadas en el último año la capital catalana presenta el dato más bajo de la década.