Illa asume la hoja de ruta de la extrema izquierda y confirma que prohibirá comprar pisos para invertir

En los despachos de la Generalitat de Cataluña se libra una negociación intensa que puede redefinir el mercado inmobiliario catalán. El Govern estudia limitar determinadas compras de vivienda, lo que se denomina «compra especulativa», con el objetivo de frenar la presión de precios en zonas tensionadas (casi toda Cataluña se ha declarado así).

La iniciativa no nace solo de una reflexión estratégica, sino también de una necesidad parlamentaria: es una de las exigencias de los Comunes para apoyar los presupuestos autonómicos que el ejecutivo de Salvador Illa quiere aprobar cuanto antes.

El instrumento escogido para aplicar la restricción sería una reforma de la ley de urbanismo. Esta opción, defendida por los Comunes, permitiría regular el uso funcional de los inmuebles según su localización y circunstancias del mercado, sin redefinir el derecho de propiedad en sí mismo. Es un matiz importante: jurídicamente, no se expropia ni se prohíbe poseer vivienda, sino que se condiciona su finalidad.

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, insiste en que la propuesta se está estudiando con rigor y que se trabaja para encajarla en la legalidad vigente. El mensaje oficial es claro: la medida tiene respaldo técnico y margen constitucional. Pero la documentación en la que se apoya el ejecutivo dibuja un panorama más complejo, donde los propios expertos introducen advertencias que matizan el optimismo. Estamos hablando de los cuatro que han elaborado expertos y el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer.

Los informes

El documento del investigador urbano Jaime Palomera es el que ofrece el diagnóstico más alineado con la tesis gubernamental. Parte de la idea de que la situación del acceso a la vivienda en Cataluña es suficientemente grave como para justificar restricciones a la demanda inversora. Su argumento central es que la compra de viviendas como activo financiero compite con quienes necesitan un hogar y desplaza a estos últimos del mercado.

Sin embargo, el propio documento subraya que limitar adquisiciones no puede ser una solución aislada, sino solo una pieza dentro de una estrategia integral de vivienda. La advertencia es relevante: la medida podría fracasar si no va acompañada de más oferta pública, regulación efectiva y control administrativo.

El análisis jurídico de Rosa Fornes se centra en un aspecto técnico decisivo: cómo distinguir entre vivienda habitual y propiedad meramente patrimonial. Propone que la ley incorpore una definición precisa de residencia permanente verificable mediante registros oficiales. Sin ese detalle, la norma sería difícil de aplicar y fácil de eludir. Su informe, más que avalar la medida, señala los riesgos de diseñarla sin precisión normativa.

La jurista Fuensanta Alcalá concluye que la limitación de compras en zonas tensionadas es jurídicamente viable y compatible con el marco constitucional y civil catalán. Pero su dictamen incluye una condición: para que la restricción sea efectiva, haría falta crear un sistema sólido de inspección, control y sanción. Sin ese aparato administrativo, advierte, las limitaciones podrían quedar en papel mojado. Es decir, la viabilidad legal no garantiza la eficacia práctica.

El informe de Pablo Feu introduce un enfoque socioeconómico. Sostiene que ciertas dinámicas de inversión inmobiliaria contribuyen a expulsar residentes incluso cuando sus ingresos no han caído, lo que legitima intervenir. Pero al mismo tiempo fija límites muy claros: cualquier restricción debería ser temporal, aplicarse solo en áreas concretas y justificarse por circunstancias extraordinarias. De lo contrario, podría perder encaje constitucional. Su conclusión dibuja una herramienta excepcional, no una política estructural permanente.

El respaldo más relevante para el Govern llega del constitucionalista Carles Viver Pi-Sunyer, exmagistrado del Tribunal Constitucional. Su dictamen revisa jurisprudencia y concluye que el ordenamiento permite a las administraciones imponer limitaciones significativas al derecho de propiedad en materia de vivienda. Sin embargo, también fija una línea roja: ninguna restricción puede vaciar de contenido ese derecho ni hacerlo irreconocible. Existe margen para legislar, pero no carta blanca.

El ejecutivo catalán insiste en que los informes encargados avalan la constitucionalidad de la medida y sostienen que el ordenamiento permite limitar la propiedad privada si existe causa de interés general y proporcionalidad. Pero que algo sea jurídicamente posible no implica que sea económicamente prudente ni socialmente eficaz.

Las críticas

Esa es la tesis dominante entre asociaciones de propietarios, que ven la iniciativa como un precedente peligroso de intervención selectiva del mercado inmobiliario. Entidades como la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona alertan de que restringir quién puede comprar vivienda puede retraer inversión, reducir oferta y, paradójicamente, tensionar aún más los precios que se pretende moderar.

El escepticismo es todavía más explícito entre los profesionales de intermediación. El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona lleva tiempo advirtiendo de que el problema estructural del mercado catalán no es la especulación, sino la escasez crónica de vivienda disponible. Desde esta óptica, penalizar determinadas compras no atacaría la raíz del problema y podría desincentivar promociones futuras si los inversores perciben un marco normativo volátil o restrictivo.

El Govern defiende que la limitación sería temporal y aplicable solo en áreas declaradas tensionadas, argumento pensado precisamente para salvar el filtro constitucional y político cuando la futura norma llegue al Parlament. No obstante, los críticos con la iniciativa sostienen que la experiencia comparada demuestra que las medidas extraordinarias en vivienda tienden a prolongarse en el tiempo y a expandirse territorialmente una vez aprobadas, porque retirarlas tiene un alto coste político.

En el trasfondo del debate late una discusión ideológica de mayor alcance: si el acceso a la vivienda debe garantizarse principalmente mediante intervención regulatoria sobre la demanda o mediante aumento de la oferta. La apuesta actual del Ejecutivo catalán se inclina claramente por la primera vía, la de la intervención, impulsada además por la necesidad de asegurar apoyos parlamentarios.