Junts lanza una ofensiva contra Sánchez por 'españolizar' nombres en los carteles de autopista

La sustitución de señales en catalán por versiones exclusivamente en castellano en varias autopistas y carreteras de Cataluña ha abierto un nuevo frente con Junts. La formación ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para aclarar los cambios detectados en la señalización, especialmente en la AP-7, y determinar si se ajustan a la normativa vigente.

Los diputados Isidre Gavín y Pilar Calvo sostienen que en los últimos meses se han producido modificaciones que, en la práctica, reducen la presencia del catalán en las carreteras. Entre los ejemplos señalados figuran la sustitución de topónimos en su forma catalana por la versión castellana, como el cambio de «Alacant» por «Alicante», la desaparición de acentos en nombres como «Montornès», pero también cambiar el acento de «Barberà», que en los letreros aparece con ese acento cerrado, como «Barberá».

También denuncian la modificación de rótulos técnicos que antes aparecían en formato bilingüe y ahora solo figuran en castellano. Así, por ejemplo, señalan que se ha cambiado «direcció» por «dirección» o «atenció» por «atención», y en determinados letreros se hace referencia a «centro de conservación», a diferencia de antes que se usaba la fórmula «Àrea de manteniment / Área de mantenimiento». En la Vall d’Aran, apuntan, parte de la nueva señalización tampoco incorpora el aranés.

El ministerio se justifica

El Ministerio de Transportes enmarca estos cambios en la aplicación del Real Decreto 465/2025, que modifica el Reglamento General de Circulación. La norma establece que las indicaciones deben figurar en castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad autónoma cuando la señal esté situada en su territorio. Asimismo, dispone que los núcleos de población deben identificarse con su denominación oficial y permite añadir el castellano cuando sea necesario para su identificación.

Junts cuestiona que la interpretación práctica del decreto esté derivando en una priorización del castellano por encima del catalán. Gavín plantea por escrito cuál es la relación entre la seguridad vial, que es el argumento que esgrime el ministerio, y la alteración de la nomenclatura oficial de los municipios. Incluso formula una pregunta irónica sobre si ese mismo criterio se aplicaría a la rotulación en árabe de destinos del norte de África en autopistas del sur peninsular.

Por otro lado, Calvo solicita aclaraciones sobre si el ejecutivo piensa revisar la obligatoriedad de priorizar el castellano en infraestructuras situadas en comunidades con lengua cooficial y pregunta si se han atendido eventuales quejas del Govern en relación con el cumplimiento de la normativa lingüística y las competencias autonómicas en materia de toponimia.

El debate también ha trascendido al ámbito social. Plataforma per la Llengua denuncia que la rotulación exclusivamente en castellano vulnera la legislación y asegura haber trasladado cerca de un millar de quejas al Departamento de Territorio en el último año. Su directora, Rut Carandell, sostiene que muchas de las indicaciones en catalán resultan plenamente comprensibles para castellanohablantes y acusa al Estado de falta de sensibilidad lingüística.