Illa y Junqueras miden sus fuerzas en una negociación clave para la estabilidad del gobierno catalán

La aprobación del proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026 ha abierto una etapa de negociación decisiva entre el PSC y ERC. Aunque el gobierno de Salvador Illa ha dado luz verde a las cuentas y ha escenificado su voluntad de que entren en vigor cuanto antes, la realidad parlamentaria obliga a un entendimiento con los republicanos si quiere evitar un nuevo bloqueo.

Ambas formaciones coinciden públicamente en que existe margen para el acuerdo, y el simple hecho de haber ampliado los plazos de tramitación en el Parlament apunta a que nadie quiere precipitar la ruptura. Para empezar, ERC no ha registrado de inmediato una enmienda a la totalidad, pese a haber advertido que la presentará si no hay avances, lo que deja abierta una ventana de negociación.

Ese gesto permite ganar tiempo y desplaza el momento crítico hacia abril, en un calendario que también está condicionado por citas electorales estatales que afectan al margen de maniobra del Gobierno, como serían las elecciones en Castilla y León.

El núcleo del desacuerdo es la recaudación del IRPF. Para ERC, la cesión de este impuesto no es un elemento accesorio, sino la pieza central del pacto de investidura y la prueba tangible de que el autogobierno avanza en el terreno fiscal. Los republicanos reclaman movimientos concretos del Ministerio de Hacienda que permitan a la Generalitat asumir esa recaudación, mientras que el ejecutivo catalán sostiene que una transferencia íntegra requiere modificaciones normativas complejas y no puede materializarse de forma inmediata.

El Govern ha intentado enviar señales políticas reforzando la Agencia Tributaria catalana en el proyecto presupuestario, pero eso no sustituye el gesto que ERC espera desde Madrid. El contexto político estatal, con procesos electorales en marcha (especialmente en el caso de Andalucía, donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es candidata) y una agenda delicada para el ejecutivo de Pedro Sánchez, estrecha el margen para adoptar decisiones de alto impacto territorial, lo que añade incertidumbre al desenlace.

¿Enmienda, suplementos de crédito o elecciones?

En paralelo, el equipo económico de la Generalitat ha intensificado el relato sobre la necesidad urgente de aprobar las cuentas. La consejera de Economía, Alícia Romero, ha insistido en que los nuevos presupuestos permitirían disponer de 9.100 millones de euros adicionales respecto a la prórroga de 2023, recursos que el Govern considera esenciales para reforzar servicios públicos en un momento de conflictividad en educación y sanidad, responder a la crisis de la vivienda y sostener nuevas inversiones. También advierte de que volver a depender de suplementos de crédito implicaría dejar sin ejecutar alrededor de 1.500 millones y podría generar tensiones de tesorería a partir de la primavera.

Para Salvador Illa, sacar adelante estos presupuestos es algo más que una cuestión contable. Representa la posibilidad de consolidar la legislatura y reforzar su perfil de gestor tras semanas marcadas por dificultades en el ámbito de las infraestructuras. Para ERC, en cambio, la negociación es su principal instrumento de presión y la oportunidad de demostrar que su apoyo tiene un precio político claro. Hasta ahora ha ejercido un papel de oposición exigente pero responsable; en esta ocasión, el listón está situado en una reforma fiscal de calado.

El desenlace dependerá de si el debate logra encauzarse hacia un compromiso verificable en materia de IRPF o si, por el contrario, la falta de avances empuja a ERC a mantener su veto. La enmienda a la totalidad, si finalmente se registra, no sería un punto de no retorno, ya que podría retirarse antes de la votación definitiva si hay acuerdo. Pero si el entendimiento no llega, el Govern tendría que optar entre gestionar con instrumentos provisionales o asumir el coste político de una legislatura debilitada.

Al gobierno de Illa no le gusta nada la posibilidad de pactar suplementos de crédito, porque eso solo permitiría ir tirando, con lo justo. Atrás quedarían esas promesas de construir más vivienda social, centros de atención primaria o nuevos centros educativos. ¿Pero y si el presidente de la Generalitat opta por un adelanto electoral?

Ahí hay algunos elementos a tener en cuenta. El PSC podría ganar las elecciones, sí, aunque perdería apoyo, según las últimas encuestas, que también recogen que podría no haber una mayoría de izquierdas. Es más, hay escenarios que apuntan a que Cataluña podría volverse ingobernable. Y también es cierto que un adelanto electoral cogería a formaciones como Junts o ERC sin un candidato claro. No hay que perder de vista que el republicano Oriol Junqueras sigue inhabilitado y Carles Puigdemont continúa en Waterloo a la espera de que se le aplique una amnistía que no acaba de llegar.

La negociación, en definitiva, trasciende las cifras y se convierte en una prueba de resistencia política. En ella se cruzan la estabilidad institucional de Cataluña, la relación entre el Govern y el Gobierno y la capacidad de PSC y ERC para sostener un equilibrio que, a día de hoy, sigue siendo frágil.