El gobierno catalán crea un registro público para señalar a todo el que tenga más de 5 propiedades

El gobierno catalán, con el objetivo de cumplir sus acuerdos con los Comunes –la formación de izquierda radical que da apoyo al ejecutivo autonómico de Salvador Illa–, está a punto de publicar un decreto que dará luz verde a la creación de un registro público de «grandes tenedores». Este registro, según el decreto en redacción, será consultable en la página web de la Agencia Catalana de la Vivienda (ACV).

El decreto prevé que cualquier persona podrá solicitar el número de propiedades de una persona física o empresa mediante la entrada de un dato simple, como el DNI, NIF o nombre de persona o sociedad.

El registro también dará a conocer qué viviendas hay en Cataluña que no estén habitadas. La publicación de estos datos ha creado gran alarma, dado que se pueden convertir en un reclamo para okupas.

Según lo pactado entre los socialistas y la formación de Ada Colau, el objetivo de este listado es tener conocimiento de qué inmuebles son susceptibles de ser usados para fines sociales, aunque la realidad es que no hay relación alguna entre la difusión pública de datos sobre propiedades y la posibilidad de darle cualquier tipo de uso a esas viviendas.

Dentro y fuera de Cataluña

Uno de los aspectos llamativos del proyecto de decreto es que el listado incluirá a todos los ciudadanos catalanes que sean grandes tenedores, aunque sus propiedades estén fuera de Cataluña: solo basta, según el texto adelantado por El Periódico, con que una de las propiedades esté en la comunidad autónoma.

El listado será obligatorio para todos los que dispongan de cinco propiedades o más en las llamadas «zonas tensionadas», donde el alquiler está topado, y que cubren un territorio donde vive el 90% de la población catalana.

También deberán inscribirse en este registro aquellos que, ya sea mediante formula física o jurídica, tengan la propiedad de diez inmuebles con una superficie total de más de 1.500 metros cuadrados. Es indiferente que dichas propiedades estén en alguna otra parte del territorio nacional mientras una de esas propiedades esté en Cataluña.

Casi como indulgencia, no se incluyen en estos 1.500 metros plazas de parking y trasteros. Asimismo, los edificios que se construyan para vender en un plazo de un año tampoco deberán ser inscritos.

Libre acceso

El registro será de libre acceso para los ayuntamientos y para la Agencia Tributaria de Cataluña y faculta a la ACV para que facilite los datos personales del registro de personas grandes tenedores a los sujetos de derecho privado que lo soliciten. Queda en manos de la administración la potestad de facilitar ficha información o no.

El registro incluirá viviendas sin residente y también inmuebles okupados, así como los edificios sin terminar que estén ejecutados en más del 80% de la obra, en el caso de que haya transcurrido más de un año de su plazo de previsión de finalización.

Además, el decreto prevé que las administraciones locales puedan 'chivarse' de aquellos que incumplan con su obligación de registrarse para que desde la administración autonómica se les inste a llevar a cabo dicha inscripción.